Miles de trabajadores se encuentran en una situación de incertidumbre tras superar los 18 meses de baja médica sin recibir noticia alguna del tribunal médico. Esta espera, que puede generar gran ansiedad, tiene una respuesta clara según los expertos: mientras no exista resolución oficial, la prestación continúa garantizada.
El abogado laboralista Víctor Arpa ha aclarado en sus redes sociales una duda que afecta a numerosos ciudadanos que aguardan la valoración de su incapacidad permanente. Según el letrado, hay personas que cumplen año y medio de baja sin saber nada del Equipo de Valoración de Incapacidades, conocido popularmente como tribunal médico, y temen quedarse sin cobertura económica.
La realidad es que el derecho a cobrar la prestación se mantiene íntegramente durante todo el proceso, independientemente de cuánto se prolongue la espera. «Mientras no te llamen y no haya una resolución, sigues de baja y sigues cobrando, no pueden dejarte en el aire», asegura Arpa en su perfil de TikTok, donde comparte información legal de interés para trabajadores.
Plazos oficiales y margen de actuación
La incapacidad temporal en España tiene establecido un plazo máximo inicial de 18 meses, tras el cual debería producirse una valoración del estado del trabajador. Sin embargo, la saturación del sistema y los procedimientos administrativos pueden alargar considerablemente estos tiempos sin que ello suponga la pérdida del derecho económico.
Según explica el abogado, incluso al llegar a los 24 meses de baja, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) todavía dispone de margen temporal adicional para convocar al trabajador ante el tribunal médico. Esta situación, aunque pueda parecer irregular, está contemplada en el funcionamiento del sistema y no perjudica al ciudadano en cuanto a sus prestaciones.
El Equipo de Valoración de Incapacidades constituye un paso obligatorio en el proceso de solicitud de una pensión de incapacidad permanente. Su función es determinar cómo afecta la enfermedad, lesión o dolencia a la capacidad laboral y la vida diaria del solicitante. El informe que elabora este tribunal, aunque no vinculante legalmente, suele ser determinante en la decisión final del INSS sobre la concesión o denegación de la pensión.
Cómo llega la citación del tribunal médico
Uno de los errores más comunes entre los trabajadores de baja es esperar una llamada telefónica del tribunal médico. Víctor Arpa aclara rotundamente que el tribunal no contacta por teléfono con los ciudadanos. Los procedimientos oficiales establecen otros canales de comunicación.
La forma habitual de notificación es mediante carta certificada enviada al domicilio del trabajador. Adicionalmente, el INSS suele complementar esta comunicación con un mensaje SMS al teléfono móvil registrado en sus bases de datos. Sin embargo, el letrado reconoce que «muchas veces esa carta llega tarde», lo que puede generar problemas si el ciudadano no está atento.
Por este motivo, Arpa realiza una recomendación fundamental para todos los trabajadores en situación de baja prolongada: revisar periódicamente el área personal de la web del organismo. En este espacio digital aparecen las notificaciones oficiales, lo que permite adelantarse a posibles retrasos del correo postal.
Verificación de datos personales
Otro aspecto crucial que señala el abogado laboralista es la necesidad de comprobar que el domicilio registrado está actualizado en la base de datos de la Seguridad Social. Un cambio de residencia no comunicado puede provocar que las notificaciones se envíen a una dirección incorrecta, con el consiguiente riesgo de perder plazos importantes.
Los trabajadores pueden acceder a su perfil en el INSS mediante certificado digital, Cl@ve o el sistema de identificación que tengan habilitado. Una vez dentro, es posible verificar y modificar los datos de contacto para garantizar que cualquier comunicación llegue correctamente.
Esta precaución cobra especial relevancia considerando que las notificaciones oficiales tienen efectos legales y su desconocimiento por errores administrativos no exime al ciudadano de cumplir con los plazos establecidos una vez se consideran notificadas.