Los trabajadores por cuenta propia en España tienen derecho a percibir una prestación económica cuando una enfermedad o un accidente les impide ejercer su actividad profesional. Sin embargo, el acceso a esta ayuda no es automático ni depende únicamente de presentar un parte médico. La normativa vigente establece una serie de condiciones obligatorias que deben cumplirse escrupulosamente para poder beneficiarse de este derecho.
Desde la aprobación del Real Decreto-ley 28/2018, el sistema de protección social experimentó cambios significativos. Esta normativa introdujo la cotización obligatoria por incapacidad temporal y contingencias profesionales para quienes desarrollan su actividad de manera independiente, equiparando en cierta medida sus derechos a los de los trabajadores asalariados. Este avance supuso un hito importante en la protección social de un colectivo históricamente desprotegido en este aspecto. La implementación de estas medidas ha permitido que más de 3,3 millones de profesionales independientes en España puedan acceder a una red de seguridad económica cuando circunstancias de salud les impiden generar ingresos. No obstante, la complejidad del sistema y los múltiples requisitos generan dudas frecuentes entre este colectivo.
Requisitos fundamentales para acceder a la prestación
El primer requisito indispensable es estar dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) en el momento en que se produzca la contingencia que impida trabajar. Además, es imprescindible contar con el correspondiente informe médico que certifique y justifique la situación de incapacidad temporal. Cuando se trata de una enfermedad común o accidente no laboral, la normativa exige haber cotizado un mínimo de 180 días durante los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de la baja. Este periodo de carencia pretende garantizar una contribución previa al sistema antes de poder beneficiarse de sus prestaciones.
Un aspecto crucial que muchos profesionales desconocen es la necesidad de estar al corriente en los pagos con la Seguridad Social. No obstante, la normativa contempla cierta flexibilidad: si existen deudas pendientes, se dispone de un plazo de 30 días para regularizar la situación sin perder el derecho a la prestación. El sistema de protección distingue entre diferentes situaciones que pueden dar lugar al cobro del subsidio. La enfermedad común y el accidente no laboral constituyen una primera categoría, con características y porcentajes específicos de cobertura. Por otra parte, la enfermedad profesional y el accidente laboral forman una segunda categoría con condiciones más favorables para el trabajador. En estos casos, no se exige periodo de carencia previo, lo que significa que incluso quienes acaban de darse de alta pueden acceder a la prestación.
Adicionalmente, el sistema contempla la prestación por nacimiento y cuidado del menor, que permite a los progenitores por cuenta propia disfrutar de un periodo protegido tras el nacimiento o adopción. Esta medida busca equiparar los derechos de maternidad y paternidad con los del régimen general. En situaciones especialmente graves, cuando las secuelas impiden volver a ejercer la actividad profesional de manera permanente, se puede tramitar una pensión por incapacidad permanente, con diferentes grados según la gravedad de las limitaciones.
Cuantías económicas según el tipo de baja
El importe que percibirá el profesional independiente durante su baja depende fundamentalmente de la base reguladora, que se calcula dividiendo la base de cotización del mes anterior entre 30 días. Sobre esta base se aplican diferentes porcentajes según el tipo de contingencia y el tiempo transcurrido. En caso de enfermedad común o accidente no laboral, el trabajador no percibe cantidad alguna durante los tres primeros días. A partir del cuarto día y hasta el vigésimo, cobra el 60% de la base reguladora. Desde el día 21 en adelante, el porcentaje se incrementa al 75% de la base reguladora.
Las condiciones mejoran sustancialmente cuando la baja deriva de accidente laboral o enfermedad profesional. En estos supuestos, el trabajador percibe el 75% de la base reguladora desde el primer día de baja, sin periodo de espera ni escalado progresivo. Para la prestación por nacimiento o cuidado del menor, la cobertura alcanza el 100% de la base reguladora, calculada sobre la media de cotización de los seis meses anteriores al hecho causante. Esta medida pretende garantizar que los profesionales independientes no vean mermados sus ingresos durante este periodo.
La incapacidad temporal tiene una duración máxima inicial de 365 días naturales. Este periodo puede prorrogarse hasta 180 días adicionales cuando el Servicio Público de Salud estime que existe posibilidad razonable de recuperación que permita el alta médica. Si transcurrido este tiempo no se produce la recuperación esperada, se debe iniciar el procedimiento para evaluar una posible incapacidad permanente. Este proceso lo lleva a cabo el Instituto Nacional de la Seguridad Social mediante tribunales médicos especializados.