El panorama laboral para los jóvenes está a punto de experimentar una transformación radical con el estatuto del becario. Mientras miles de estudiantes universitarios y recién graduados realizan prácticas en empresas cada año, el Gobierno prepara un marco normativo que podría convertirse en el cambio más importante de las últimas décadas en materia de formación práctica no laboral. Las cifras hablan por sí solas: multas que alcanzan los 225.018 euros para aquellas compañías que incumplan de manera grave las nuevas reglas del juego. Pero ¿qué hay detrás de esta iniciativa legislativa que ha generado tanto debate entre patronal, sindicatos y formaciones políticas?
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, impulsa desde hace meses un proyecto que pretende poner fin a décadas de precariedad encubierta bajo el término «prácticas formativas». El denominado Estatuto de las personas en formación práctica no laboral llega al Congreso con la promesa de regular un terreno que, hasta ahora, ha permanecido en una zona gris entre la formación y la explotación laboral.
El texto normativo que actualmente se tramita en el Congreso de los Diputados establece límites nunca vistos en las prácticas extracurriculares. La medida más destacada fija un tope de 480 horas por estudiante, lo que equivale aproximadamente a tres meses de prácticas a jornada completa. Esta limitación temporal no es casual. Los promotores de la ley argumentan que períodos más largos de prácticas no remuneradas terminan convirtiéndose en relaciones laborales encubiertas, donde los jóvenes desarrollan las mismas funciones que empleados contratados pero sin los derechos ni la retribución correspondiente.
Además del límite horario, el estatuto introduce otra novedad crucial: la obligación de compensar económicamente los gastos derivados de la realización de prácticas. Transporte, manutención y otros costes asociados deberán ser cubiertos por las empresas que acojan a personas en formación, acabando con la situación actual donde muchos becarios asumen estos gastos de su propio bolsillo. El aspecto más polémico del proyecto reside en su sistema de multas escalonado. El Gobierno ha diseñado tres categorías de infracciones con sanciones diferenciadas que buscan garantizar el cumplimiento efectivo de la normativa.
Las infracciones leves, que incluyen incumplimientos administrativos o fallos menores en la tutorización, conllevarán sanciones económicas entre 7.501 y 30.000 euros. Se trata de un primer nivel disuasorio para aquellas empresas que descuiden aspectos formales del programa de prácticas. El escalón intermedio corresponde a infracciones graves, penalizadas con multas que oscilan entre 30.001 y 120.005 euros. En esta categoría entran incumplimientos más significativos, como la falta de plan formativo adecuado o la asignación de tareas no relacionadas con la formación del estudiante.
Pero es el nivel superior el que ha generado mayor impacto mediático. Las infracciones muy graves pueden acarrear sanciones de hasta 225.018 euros, una cantidad que refleja la gravedad de conductas como la discriminación, la sustitución sistemática de trabajadores contratados por becarios, o el incumplimiento reiterado de las obligaciones de tutorización y formación efectiva. Paralelamente a la tramitación legislativa, el Ejecutivo ha activado mecanismos de control inmediatos. El Buzón de las Personas Becarias, gestionado conjuntamente por el Ministerio de Juventud e Infancia y el Instituto de la Juventud, permite a los afectados denunciar irregularidades de forma anónima directamente ante la Inspección de Trabajo.
Esta herramienta digital representa un cambio cualitativo en la fiscalización de las prácticas. Hasta ahora, muchos jóvenes se abstenían de denunciar abusos por miedo a represalias o por desconocimiento de los canales disponibles. El nuevo buzón elimina barreras y facilita que las vulneraciones de derechos lleguen a conocimiento de las autoridades laborales competentes.