El anuncio de Pedro Sánchez de convocar elecciones generales anticipadas el próximo 23 de julio contiene una derivada curiosa y a la vez problemática para los intereses de sus actuales socios de gobierno. Y es que si la unidad a la izquierda del PSOE entre Podemos y Sumar fue imposible de cara a los comicios locales y autonómicos del 28M, ahora solo cuentan con unos pocos días para sentar las bases de un pacto que culmine en una sola candidatura de izquierda transformadora en las urnas que se instalarán en menos de dos meses en nuestro país.
Concretamente, la Ley de Régimen Electoral prescribe que «los partidos y federaciones que establezcan un pacto de coalición para concurrir conjuntamente a una elección deben comunicarlo a la Junta competente, en los diez días siguientes a la convocatoria». Cuándo empezará a contar ese plazo, después de que Sánchez haya comparecido este lunes en Moncloa para anunciar que los españoles volverán a escoger a sus representantes mucho más pronto de lo que pensaban.
La fecha clave, no obstante, será la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Desde entonces contarán los diez días hábiles para comunicar a la Junta Electoral Central si estas formaciones concurren o no en coalición.
Asimismo, se ponen en marcha otros plazos decisivos al respecto. Las Cortes Generales se disolverán este miércoles para cumplir con los plazos legales y poder anticipar las elecciones generales al 23 de julio, toda vez que Felipe VI tiene que firmar antes el real decreto de disolución. Según los plazos establecidos por la Constitución, una vez que el Consejo de Ministros se reúna este lunes por la tarde para aprobar el real decreto que disolverá el Congreso y el Senado, el rey tendrá que rubricarlo para poder publicarse este mismo martes en el BOE.
De esta forma, el real decreto de disolución de las Cortes y de convocatoria electoral entrará en vigor el miércoles 31 de mayo, por lo que las cámaras se disolverán ese día para que las elecciones generales puedan celebrarse el día quincuagésimo cuarto -no antes ni después- posterior a la convocatoria. El propio real decreto de convocatoria contendrá el número de diputados correspondiente a cada circunscripción, la duración de la campaña electoral y la fecha de la sesión constitutiva de las cámaras.
La decisión de disolver las Cortes es una prerrogativa que corresponde al presidente del Gobierno y en todos los casos es el rey quien decreta formalmente la disolución, de conformidad con lo previsto en el artículo 62.b que no puede negarse a firmar cuando sea requerido para ello por el presidente del Gobierno o por el presidente del Congreso de los Diputados. De momento, en el Congreso estaba previsto este miércoles la primera sesión de control al Gobierno tras las elecciones municipales y autonómicas del 28M aunque ya no se celebrará, mientras que para el martes 30 estaba previsto el inicio del pleno a las 15:00 horas así como las reuniones de la Mesa del Congreso y de la Junta de Portavoces. Como consecuencia del anuncio, tanto el Congreso como el Senado han desconvocado toda su actividad parlamentaria ante la inminente disolución de las dos cámaras.