El juez que investiga si el expresidente catalán Carles Puigdemont tuvo un «rol de liderazgo» en Tsunami Democràtic ha abierto una vía para impugnar una eventual ley de amnistía ante la Justicia europea al invocar una directiva de la Unión que establecería el compromiso de los Estados para luchar contra el terrorismo. El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que dirige la investigación por terrorismo contra Carles Puigdemont, la secretaria general de ERC Marta Rovira y otra decena de implicados, menciona en su auto una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 2017, relativa a la lucha contra el terrorismo, «que sientan las bases de la regulación europea en materia de terrorismo».
Uno de sus artículos, explica el juez, señala que los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que los «actos intencionados», considerados delito en el Estado y que «pueden perjudicar gravemente a un país», se tipifiquen como terrorismo «cuando se cometan con uno de los fines enumerados» en la directiva: «incluyendo los atentados contra la vida e integridad física de las personas, y las destrucciones de instalaciones estatales o públicas, sistemas de transporte o infraestructuras».
«Atendido al contenido de la referida Directiva, se puede inferir, por tanto, que existe un compromiso por parte del Reino de España en la adopción de medidas efectivas para la persecución de los delitos de terrorismo», añade el auto del magistrado, que la Fiscalía ya ha anunciado que recurrirá ante la Sala de lo Penal al no ver terrorismo en los hechos.
Esta consideración, según explican a Efe fuentes jurídicas, podría abrir la puerta a recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea una eventual ley de amnistía -estos días en plena negociación entre el PSOE y sus socios parlamentarios- si ésta abarcase también las causas por terrorismo que se investigan en la Audiencia Nacional: la de Tsunami Democràtic y la de los Comités de Defensa de la República (CDR).
El juez no duda de que «nos encontramos ante una materia que es Derecho de la Unión Europea» y, aunque reconoce que se deben practicar más diligencias de investigación «que permitan delimitar con mayor claridad» los posibles delitos, sostiene «que los hechos pueden ser calificados como terrorismo» en este momento provisional de la investigación. Entre los actos violentos que se atribuyen a Tsunami Democràtic en respuesta a la sentencia del «procés» del Tribunal Supremo, el juez incluye el bloqueo de infraestructuras críticas como la del aeropuerto de El Prat, en Barcelona, o el bloqueo del paso fronterizo de La Junquera (Girona), donde ve un «carácter claramente transnacional, pues se desarrolló a ambos lados de la frontera entre España y Francia».