El Gobierno estadounidense desveló este lunes una ambiciosa propuesta para reducir las emisiones de dióxido de carbono de las centrales termoeléctricas, que deberán rebajarse en un 30 % para 2030.
El anuncio lo realizó la Agencia de Protección Medioambiental (EPA, en inglés), cuyo plan se prevé que se empiece a aplicar en 2016 y que permitirá que sean los diferentes estados los que apliquen la nueva legislación con flexibilidad.
La decisión del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de recurrir a su autoridad ejecutiva con esta iniciativa, para esquivar así al Congreso, ha suscitado ya críticas por parte de la oposición republicana, por lo que se espera el inicio de una batalla legal.
Se trata de la propuesta más ambiciosa en materia de protección al medioambiente por un mandatario estadounidense, y Obama busca marcar con ella su legado en contra del cambio climático.
«Podemos elevar el denominador común por una economía más limpia y baja en emisiones de carbono que impulse el crecimiento en las próximas décadas», dijo Gina McCarthy, directora de la EPA en su discurso adelantado antes del acto oficial que se celebrará hoy mismo en Washington.
Los estados tendrán capacidad para definir su combinación de fuentes de energía para alcanzar este objetivo a través de la promoción de energías renovables, incrementar el uso de gas natural, aumentar la eficiencia energéticas y a través de un sistema nacional de intercambio de licencias de emisiones.
Para 2020, se prevé que las emisiones de carbono se reduzcan en un 20 %.
Obama justificó este fin de semana el plan, al recordar que cerca del 40 por ciento de la contaminación en Estados Unidos proviene de las plantas de energía.
Algunos legisladores republicanos ya han mostrado su rechazo a la normativa y han anunciado su intención de tomar acciones para frenar su aplicación, con el argumento de supondrá eliminar miles de puestos de trabajo.
Los gobernadores de algunos estados con fuerte dependencia del carbón o de la electricidad generada con este mineral, como Kansas, Kentucky o Virginia, también se han mostrado críticos con el plan.
También la Cámara de Comercio estadounidense ha expresado su oposición a la medida, al pronosticar que costará unos 50.000 millones de dólares al año a la economía y aumentará los costes de la energía.