La Fiscalía Nacional Financiera francesa considera que tiene «cargos suficientes» contra el expresidente de Francia Nicolas Sarkozy y su abogado para demostrar que «cometieron actos de corrupción y tráfico de influencias» y les acusa de usar métodos propios de «expertos delincuentes».
Según el acta de acusación, publicada por el vespertino «Le Monde», la Fiscalía ha reunido pruebas suficientes para llevar ante los tribunales a Sarkozy por uno de los casos por el que está imputado, el presunto tráfico de influencias revelado por las escuchas telefónicas.
Los investigadores, que estaban vigilando al expresidente por otro caso, vieron como Sarkozy se beneficiaba de sus influencias para tratar de obtener informaciones judiciales relativas a la primera acusación. A cambio, según la acusación, prometía influir para obtener un mejor puesto para un juez, el exmagistrado del Supremo Gilbert Azibert, también imputado en el caso.
Los investigadores consideran que Azibert entregó a Herzog una providencia del Tribunal de Apelación de Burdeos que juzgaba el llamado «caso Bettencourt», por el que Sarkozy fue finalmente absuelto.
El teléfono del expresidente fue pinchado en enero de 2014 en el marco de la posible financiación ilegal de su campaña electoral de 2007 con dinero procedente del régimen libo de Muamar Gadafi. Alertado de ello, Sarkozy se comunicaba entonces con otra línea con su abogado que también fue intervenida por los investigadores y en la cual, según el acta de acusación publicado por «Le Monde», hablaba con más libertad y abordaba con el letrado la posibilidad de obtener informaciones judiciales confidenciales de otros casos.
En ese momento aparece el nombre de Azibert, que en contrapartida de las informaciones proporcionadas a Herzog esperaba obtener el apoyo de Sarkozy para lograr un puesto en Mónaco.
La Fiscalía Nacional Financiera denuncia también las numerosas maniobras de Sarkozy y su defensa para retrasar su investigación, algo que «Le Monde» atribuye a su plan de retornar a la política, reconquistar la presidencia y beneficiarse de la inmunidad de ese puesto, un proyecto frustrado por su derrota en las primarias de la derecha en noviembre pasado.
La Fiscalía no mantiene la acusación de revelación de secreto profesional, al no haber podido identificar la forma en la que Sarkozy y su abogado fueron alertados de que sus teléfonos estaban intervenidos.