La Casa Blanca ha anunciado este lunes su intención de revisar las sanciones impuestas a Venezuela durante el mandato del presidente Donald Trump porque «no han funcionado», a la vez que ha revelado que concederá de manera inmediata el Estatus de Protección Temporal a más de 300.000 venezolanos indocumentados que se encuentran en Estados Unidos, como había prometido el presidente Joe Biden en campaña electoral.
Una alto cargo estadounidense ha matizado sin embargo en declaraciones a la prensa bajo condición de anonimato que la Casa Blanca sigue considerando al presidente venezolano, Nicolás Maduro, como un «dictador» y reconociendo como presidente legítimo al dirigente opositor Juan Guaidó.
Así, ha explicado que Estados Unidos mantendrá las sanciones económicas y seguirá presionando para que se celebren «elecciones libres y justas» en Venezuela y por «ir tras cada centavo que haya sido robado por el régimen venezolano» de Maduro.
Aún así, el Gobierno Biden considera que la política de sanciones de Trump «no ha funcinado» y por ello se revisarán para asegurarse de que no se está castigando al pueblo venezolano sin que ello impida que seguir «aumentando la presión» sobre el Gobierno de Maduro para forzarlo a negociar.
En esta ocasión esas negocaiciones buscarían «asegurarse de que estamos construyendo un consenso sobre cómo podemos ser más efectivos para ejercer presión sobre el régimen».
Por otra parte, una alta responsable estadounidense ha advertido de que la concesión del estatus de protección a los venezolanos viene motivada por la crisis en Venezuela y no en busca de apoyo político en Florida, hogar de una gran cantidad de exiliados venezolanos.
PROTECCIÓN TEMPORAL PARA 300.000 VENEZOLANOS
La concesión del Estatus de Protección Temporal ha entrado en vigor este mismo lunes mediante un decreto presidencial y se aplica a quienes hayan llegado al país antes de este 8 de marzo de 2021. Tendrá una vigencia inicial de 18 meses, aunque podría prorrogarse si no mejora las situación en Venezuela, ha explicado el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.
El plazo de presentación de solicitudes acaba en 180 días y los candidatos deben demostrar «residencia continua» en Estados Unidos presentando documentos de alquiler o propiedad de la vivienda, facturas de servicios públicos o registros de inscripción escolar.
Los solicitantes también deben aprobar una verificación de antecedentes penales y pagar 545 dólares en tarifas, que incluyen 50 dólares por el procesamiento del casos, 85 dólares para datos biométricos y 410 dólares para un permiso de trabajo.
Así, podrán residir y trabajar legalmente en Estados Unidos durante el tiempo que dure la medida, que sin embargo no supone una vía hacia la residencia permanente (Green card) ni a la ciudadanía.
La decisión ha sido celebrada por demócratas como el senador Bob Menéndez, de Nueva Jersey, quien ha defendido desde hace años conceder este estatus a los venezolanos. «Le quiero dar mi más profundo agradecimiento al presidente (Joe) Biden por cumplir con su promesa de apoyar al pueblo venezolano,» ha afirmado Menéndez.
«Seguir deportando a venezolanos a la tragedia que es Venezuela bajo el régimen de (Nicolás) Maduro sería decirles que son una carga para nuestras comunidades, una amenaza contra nuestra seguridad nacional y que no son bienvenidos en nuestro país», ha argumentado.
El representante de la oposición venezolana en Estados Unidos, Carlos Vecchio, ha puesto en valor esta medida «urgente y necesaria» y ha recordado que la venían pidiendo desde 2019. «Sin duda alguna un gesto de solidaridad con los migrantes venezolanos que la comunidad internacional debe replicar», ha señalado.