Decenas de estudiantes, padres y profesores se han concentrado este domingo frente a la Cámara de los Diputados de Italia para protestar contra el cierre de las escuelas en varias regiones del país a partir del lunes, como consecuencia del endurecimiento de las restricciones para controlar los contagios de coronavirus, y que afecta a unos 7 millones de alumnos.
El Gobierno italiano aprobó el viernes un decreto para endurecer las medidas de prevención de contagios desde el 15 de marzo y hasta el 6 de abril, y que entre otras cosas impone el confinamiento blando para todas las regiones que tengan una incidencia semanal de 250 contagios por cada 100.000 habitantes.
Desde el lunes diez regiones y la provincia autónoma de Trento estarán en confinamiento, una medida que afectará a unos 40 millones de italianos, y que mantendrá escuelas y negocios no esenciales cerrados, aunque se podrá salir a la calle por motivos de trabajo, salud y necesidad, y las fábricas permanecerán abiertas.
La medida obliga a unos siete millones de estudiantes de todas las edades a quedarse en casa y realizar las lecciones a distancia, un problema para las familias que trabajan.
La mitad del país estará desde el lunes en este confinamiento, mientras que en el resto se aplicarán restricciones de nivel intermedio: las escuelas estarán abiertas pero los estudiantes de secundaria podrán ir a clase sin superar el 75 % del aforo.
La isla de Cerdeña, que no tiene apenas restricciones, también ha optado por esta medida para sus aulas.
Ya desde el lunes 8 de marzo alrededor de 5,7 millones de estudiantes estaban en sus casas, en las tres regiones que estaban entonces en «zona roja» (Campania, Basilicata y Molise), pero también en la región de Lombardía, donde solo las guarderías estaban abiertas, en gran parte de Emilia-Romaña, en la mitad del Piamonte; y en Friuli Venezia Giulia y Marche, en el caso de las escuelas medias y secundarias.
A partir del lunes se sumarán el resto de alumnos de las regiones que pasan a confinamiento, aunque se garantizan las clases presenciales para estudiantes con discapacidades y necesidades educativas especiales.
Ante esta situación, el colectivo «Prioridad a la escuela», que agrupa a estudiantes, familias y docentes, ha organizado este domingo la protesta en Roma para pedir que se garantice la vuelta a las aulas en condiciones de seguridad.
Cristina Tagliabue, una de las impulsoras del movimiento, señala en una entrevista que publica el «Corriere della Sera» que «a diferencia del año pasado, esta vez no ha habido debate sobre posiciones alternativas» y que el cierre de las escuelas supone un problema para los padres que trabajan.
El Gobierno italiano ha aprobado un paquete de ayudas de 290 millones de euros para facilitar los permisos parentales retribuidos a quienes tengan que quedarse con sus hijos en casa por el cierre de los colegios y dar subvenciones de hasta 100 euros por semana para la contratación de niñeras en el caso de autónomos, sanitarios y las fuerzas del orden.
Pero Tagliabue cree que no es suficiente: «Dan por hecho que las familias y las mujeres pueden hacerse cargo de todo, que basta con optar por el teletrabajo, y es una vergüenza que después de un año volvamos a la casilla de salida, sacrificando la educación y los empleos menos protegidos».