La Comisión Europea ha relanzado oficialmente este martes el debate sobre el futuro de las reglas fiscales, que establecen límites al déficit y la deuda públicos y fijan sendas de consolidación para aquellos países que los superan, con el objetivo de encontrar el «consenso» entre unos socios comunitarios divididos «a tiempo» para 2023.
«No podemos estar satisfechos solo con un repunta de nuestras economías. Debemos perseguir un crecimiento que sea sostenido y sostenible y con esto en mente debemos relanzar la revisión de nuestra gobernanza económica. Son necesarios algunos cambios», ha expresado en una rueda de prensa el comisario de Economía, Paolo Gentiloni.
El Pacto de Estabilidad y Crecimiento está suspendido desde el inicio de la pandemia para dar margen a los gobiernos del bloque a aumentar el gasto público en respuesta a la crisis provocada por la pandemia. Las reglas presupuestarias seguirán congeladas en 2022 pero será el último año en que esto pase.
La discusión se centra en si la vuelta a la disciplina presupuestaria debe hacerse sobre la base de las normas anteriores, modificadas con pequeños cambios para que hacerlas más simples, o acometer una revisión más amplia que relaje su exigencias y den más margen de actuación a los gobiernos del bloque.
La UE cuenta desde el Tratado de Maastrich de 1992 con límites sobre la deuda pública y el déficit público, del 60% y 3% del PIB, respectivamente. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento, creado cinco años después para reforzar la supervisión fiscal ha sido modificado y ampliado en varias ocasiones.
Bruselas ya había iniciado en febrero de 2020 una consulta para simplificar las reglas fiscales, pero la explosión de la pandemia frenó la discusión, en la que se había planteado la necesidad de abandonar indicadores no observables como la brecha de producción o 'output gap', en favor de otros más tangibles como una regla de gasto.
Batalla norte-sur
Así, países como Austria, Países Bajos, los nórdicos, República Checa, Eslovaquia y Letonia publicaron a principios de septiembre una carta conjunta en la que se abrían a cambios en el Pacto pero se oponían a una relajación más ambiciosa. En su opinión, las normas actuales ya cuentan con flexibilidades suficientes.
Alemania ha defendido históricamente esta misma línea, partidaria de una disciplina fiscal férrea y no se esperan grandes novedades en la opinión de Berlín, a pesar de que las conversaciones entre socialdemócratas, ecologistas y liberales para formar gobierno todavía están en marcha.
En el lado opuesto se sitúan países como España, Francia o Italia, defensores de una reforma profunda que modernice el conjunto de normas, lo adecue a la nueva realidad y a las «necesidades de inversión derivadas de la recuperación», en palabras de la vicepresidenta de Asuntos Económicos del Gobierno, Nadia Calviño.
«No debemos matar el crecimiento», argumentó su colega francés, Bruno Le Maire, en declaraciones a la prensa a principios de septiembre, antes de participar en una reunión del Eurogrupo en el que la división entre estos dos bloques quedó en evidencia antes incluso de que Bruselas lanzara el debate formalmente.
Reducción «realista y gradual» de la deuda
En este contexto, el Ejecutivo comunitario ha abierto este martes una consulta pública para recabar opiniones sobre el futuro de la «gobernanza económica» de la UE. El bloque, defiende Bruselas, debe repensar su marco fiscal para adecuarlo a los nuevos «desafíos», presentes antes de la pandemia pero acelerados por la enfermedad.
La crisis ha provocado el incremento de los niveles de deuda pública en todos los Estados miembros, la desigualdades en una población cada vez más envejecida también han aumentado y la brecha entre los Estados miembros se ha agrandado.
A esto se suma la necesidad de acelerar las llamadas «transiciones gemelas": el progreso hacia la digitalización y la lucha contra el cambio climático. Según Bruselas, serán necesarias inversiones públicas y privadas de 650.000 millones anuales hasta 2030 para acelerar ambas, el 80% para descarbonizar la economía.
Del mismo modo, el Ejecutivo comunitario también subraya que «retomar la senda de la reducción de los ratios de deuda pública sobre el PIB será esencial para mantener unas finanzas públicas sólidas». Pero a esto añade que consolidación fiscal exigente «conllevaría altos costes económicos y sería contraproducente», por lo que apuesta por un enfoque «realista, gradual y sostenido».
La consulta pública lanzada está compuesta por 11 preguntas y permanecerá abierta hasta el 31 de diciembre. La idea de Bruselas es publicar en 2022 «orientaciones» sobre «posibles cambios» a fin de lograr un «consenso amplio» entre la capitales europeas «sobre el modo de avanzar a tiempo para 2023».