La Justicia de Turquía ha condenado este lunes a cadena perpetua al activista Osman Kavala, acusado de financiar empresas antigubernamentales en 2013 y desempeñar un papel relevante en el fallido intento de golpe de Estado en 2016. Un tribunal turco ha condenado a 18 años de prisión a otras siete personas acusadas de impulsar el mencionado intento de golpe de Estado, según recoge el diario turco 'Daily News'.
Kavala ha permanecido en prisión desde 2017 a la espera de un juicio por los cargos que se le imputaban y organismos como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han abogado por su liberación. Durante todo este tiempo Kavala ha negado todos los cargos y sus abogados han llegado a describir su detención como injusta al estar fundamentada en «motivos políticos» de carácter «abstracto, carentes de base y ficticios».
Ya en noviembre del año pasado, cuando la Justicia turca decidió prolongar la detención del activista y filántropo, hubo voces críticas con su encarcelamiento e incluso llegó a desatarse una crisis diplomática entre Turquía y otros socios occidentales como Estados Unidos y Alemania. En aquella época, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, llegó a sugerir la expulsión de varios embajadores de Ankara por respaldar en una carta la liberación de Kavala.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha afeado a la Justicia turca la decisión de condenar a al activista Osman Kavala a cadena perpetua. «Estados Unidos está profundamente preocupado y decepcionado por la decisión del tribunal de condenar este lunes a Osman Kavala. Su injusta condena es incompatible con el respeto de los Derechos Humanos, las libertades fundamentales y el Estado de derecho» ha recalcado en un comunicado el portavoz del Departamento, Ned Price. Así, el Departamento de Estado ha hecho hincapié en que Turquía «ponga en libertad a Osman Kavala, de acuerdo con las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como que libere a todos los demás encarcelados arbitrariamente».
«Seguimos gravemente preocupados por el continuo acoso judicial a la sociedad civil, a los medios de comunicación y a los líderes políticos y empresariales en Turquía, incluso mediante detenciones preventivas prolongadas, denuncias excesivamente amplias de apoyo al terrorismo y casos de injurias penales», ha agregado Price. Del mismo modo, Price ha hecho un llamamiento para que el Gobierno de Turquía respete los Derechos Humanos y libertades fundamentales. «Instamos al gobierno a poner fin a las persecuciones por motivos políticos y a respetar los derechos y las libertades de todos los ciudadanos turcos», ha zanjado Price.