El exministro británico para el Brexit David Frost durante la etapa de Boris Johnson ha exigido a la primera ministra británica, Liz Truss, que dimita después de que la ministra del Interior de Reino Unido, Suella Braverman, haya salido del Ejecutivo. «Truss simplemente no puede permanecer en el cargo por una razón muy obvia: hizo campaña contra las políticas que ahora está implementando», ha dicho en una carta publicada en el diario 'The Telegraph', donde también ha comparado a la primera ministra con Enrique VI por ser una «figura débil» e «incapaz de controlar las fuerzas que la rodean».
Al margen de la dimisión de la ministra del Interior, el caos se ha desatado este miércoles en el Parlamento después de que al menos cuarenta parlamentarios conservadores se hayan abstenido o no hayan decidido votar en una moción presentada por los laboristas sobre el 'fracking', práctica utilizada para extraer combustibles fósiles que están en el subsuelo. Pese a que ningún 'tory' ha votado en contra, este movimiento ha sido considerado como un voto de confianza 'de facto' para la primera ministra y su Gobierno ante la crisis desatada por la política económica de Truss. Algunos parlamentarios conservadores han denunciado intimidaciones en la votación, según ha recogido la cadena BBC.
En este sentido, el diputado laborista Chris Bryant ha instado a una investigación en el seno del Parlamento después de varias escenas en las que el ministro de Negocios, Jacob Rees-Mogg, y la viceprimera ministra, Therese Coffey, presionaban de forma acalorada a sus compañeros para que apoyasen a Truss.
Como resultado, en un primer momento, varias fuentes han comunicado a la BBC que la jefa del grupo parlamentario, Wendy Morotn, y su adjunto, Craig Whittaker, habían sido suspendidos de su cargo tras romper la disciplina de partido, aunque posteriormente se ha confirmado que permanecen en sus puestos. El parlamentario conservador Charles Walker, por su parte, ha asegurado que está «furioso» y que ya se le ha acabado la paciencia con su partido, recalcando que este comportamiento es «inexcusable» y que «no hay vuelta atrás» para el Gobierno británico.