La primera ministra saliente de Reino Unido, Liz Truss, tiene derecho por haber vivido en Downing Street a reclamar gastos por valor de hasta 115.000 libras (unos 131.000 euros), una concesión a la que la oposición ya le ha pedido que renuncie, habida cuenta de su breve estancia en el poder. La Asignación para el Coste de los Servicios Públicos (PDCA, por sus siglas en inglés) surgió en 1991, a raíz de la dimisión de Margaret Thatcher, para que las arcas públicas se hiciesen cargo de los gastos asociados a las actividades oficiales de antiguos mandatarios. La pensión es, en realidad, un reembolso por gastos vinculados a oficina o secretaría.
El Gobierno estipula en su página web que "todos los exprimeros ministros" tienen derecho a esta ayuda, sin importar por tanto el tiempo que han estado en el cargo o las circunstancias de su salida. Actualmente, se establece un límite de 115.000 libras, congelado desde 2011 y autorizado de nuevo para el periodo 2022-2023. Si el beneficiario aceptase otro cargo público, la norma establece que la cuantía a la que tiene derecho se revisará. El líder del Partido Laborista, Keir Starmer, ha esgrimido en la BBC que Truss "no se ha ganado el derecho" a la ayuda, ya que anunció su dimisión el jueves tras apenas seis semanas en el cargo. La próxima semana abandonará Downing Street y se convertirá en la persona que menos tiempo ha ostentado la jefatura de Gobierno en Reino Unido.
También el líder del Partido Liberal Demócrata, Ed Davey, considera que la dirigente saliente no puede tener una pensión que, para el común de los ciudadanos, sólo llega "después de una vida de trabajo". "Muchas personas tienen que trabajar al menos 35 años para tener la pensión completa", ha explicado en la emisora LBC. Los últimos datos disponibles, correspondientes al periodo 2020-2021, muestran que tanto John Major como Tony Blair reclamaron al Estado la cantidad completa. Gordon Brown solicitó algo menos de 115.000 libras, David Cameron unos 113.000 y Theresa May, que sigue siendo diputada, unas 57.000.