La Justicia neerlandesa inició un proceso judicial contra el líder del movimiento antivacunas en Países Bajos por delitos de sedición e incitación a un comportamiento delictivo durante los dos primeros años de la pandemia a través de las redes sociales, en una demanda firmada por más de 22.000 ciudadanos. Un tribunal de la ciudad portuaria de Róterdam comenzó el tratamiento del caso contra Willem Engel, de 45 años, por sedición e incitación a cometer delitos durante los periodos más complicados de la pandemia, cuando se aplicaban restricciones, y cierre de la actividad social y los comercios, que fueron acompañados de protestas y, a veces, disturbios.
El Fiscal general neerlandés, Gerrit van der Burg, Idijo a la prensa local que se trata de un caso muy complejo porque «se debe demostrar que ha habido una incitación pública y deliberada a cometer cualquier delito o actuar con violencia contra las autoridades». Engel, que lidera la fundación Viruuswaarheid (La Verdad sobre el Virus, en neerlandés), nunca ha llamado directamente a la violencia y «lo escribió todo con tantos matices» y de una forma bien pensada, según subrayó el juez, en referencia los tuits del acusado. Engel contestó: «Destaco en eso» y «tuve ayuda legal con ello».
El juez analizará el comportamiento en las redes sociales de Engel entre junio de 2020 y noviembre de 2021, un periodo en el que, según la Fiscalía neerlandesa, el acusado publicó varios mensajes provocadores en Twitter y Facebook en línea con teorías de la conspiración sobre el coronavirus. En uno de los tuits, Engel instó a la gente a fotografías a los empleados de los autobuses que ofrecían vacunas contra la COVID-19 por las ciudades; y en otro mensaje pidió a los simpatizantes que acudan a «título personal» y «en espíritu de amor» a una manifestación en La Haya contra las restricciones, después de que el municipio la hubiera prohibido. «Gracias a nosotros ha habido menos disturbios», aseguró el acusado ante el tribunal.
También compartió el número de teléfono de una residencia de ancianos que había cerrado sus puertas a los visitantes por un brote de coronavirus, lo que derivó en los días posteriores en varias escenas de abusos verbales y amenazas de muerte contra los operadores. Mientras la Fiscalía asegura que «estos mensajes han llevado a que otras personas comentan delitos o sean incitados a hacerlo», Engel defiende que se ha mantenido dentro de los límites que marca la ley e invoca la libertad de expresión.
Más de 22.000 personas han presentado una denuncia ante la Fiscalía contra Engel, al que acusan de incitación, fraude, difusión de información médica incorrecta y declaraciones con un objetivo terrorista desde el comienzo de la pandemia, según el iniciador de la demanda, Norbert Dikkeboom. «No hay pandemia. Es una tormenta en un vaso de agua. Claro que la gente enferma, pero ¿qué puedes hacer más allá de hurgarles en la nariz y decirles: »vale, has dado positivo, pero no hay tratamiento«? Eso no ayuda, da más miedo e inseguridad», aseguró Engel, en una entrevista con EFE el año pasado.
Aún no hay fecha para el veredicto, pero el tribunal quiere pronunciarse sobre el caso antes de Navidad. Un delito de sedición, en derecho penal, supone incitar a otras personas a cometer delitos contra las autoridades, y la justicia tendrá que evaluar la gravedad de los delitos a los que se ha incitado, y si son delitos concretos, así como el contexto social y de libertad de expresión en el que se han producido. El número de sospechosos procesados por sedición ha crecido considerablemente en los últimos años, pasando de 43 casos en 2019, a 254 en 2021, especialmente por incitar a disturbios en la pandemia o violencia contra los políticos, aunque inicialmente las penas eran generalmente contra yihadistas que llamaban en las redes sociales a luchar en Siria.