La Comisión Europea considera que las reformas de los sistemas judiciales en los Estados miembro deben pasar siempre por consultas previas con las partes interesadas, incluido el poder judicial, y espera que España cumpla con los estándares europeos, lo que en la práctica supone el respaldo de Bruselas a la actuación del Tribunal Constitucional.
El Ejecutivo comunitario sigue «muy atentamente» la situación en España y está al corriente de la decisión del Tribunal Constitucional de suspender la tramitación en el Senado de la reforma del Código Penal que incluye la supresión del delito de sedición y cambios en el sistema de elección del propio TC, ha dicho en una rueda de prensa el portavoz comunitario de Justicia, Christian Wigand.
En este contexto, Wigand ha evitado valorar el fondo de la reforma porque Bruselas no hace comentarios sobre propuestas legislativas hasta que son adoptadas definitivamente como ley, pero sí ha apuntado que los servicios comunitarios esperan que «las autoridades nacionales y que todos los actores nacionales actúen de acuerdo a las reglas y procedimientos nacionales». En este contexto, fuentes comunitarias añaden que, a ojos del Ejecutivo comunitario, «cuando se trata de reformas de los sistemas judiciales en los Estados miembro, siempre hemos sostenido que es importante que se consulte a las partes interesadas pertinentes, incluidos, según corresponda, el poder judicial y los consejos judiciales».
Las fuentes se refieren así a los estándares europeos que abogan por que antes de que una reforma de calado en el ámbito judicial sea presentada existan consultas «previas» con actores como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los fiscales y jueces o el Consejo de Europa a través de su Comisión de Venecia. En el caso de España, añaden las fuentes, le corresponde al Tribunal Constitucional dirimir sobre cualquier «duda o queja» al respecto del modo en que se lleva al cabo el proceso de reforma y a las autoridades nacionales cumplir las normas establecidas.
Ya la pasada semana el Ejecutivo comunitario apuntó que examinará las reformas en España en el marco de su evaluación anual del Estado de derecho en todos los Estados miembro, un análisis de la salud democrática en cada país que habitualmente publica a inicios de verano. «Mientras se trate de un proyecto de Ley no hacemos comentarios de procesos en curso», ha insistido de nuevo este martes el Ejecutivo comunitario, para después indicar que seguirán «vigilando» las reformas, «en especial desde el marco del informe sobre Estado de derecho».
En este contexto, Bruselas ha recordado también que la posición de la Comisión Europea respecto a la parálisis en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es «clara y estable». De este modo, el portavoz se ha referido indirectamente a las recomendaciones de la última edición del informe sobre Estado de derecho que reclaman a España una renovación urgente del órgano de gobierno de los jueces y que, inmediatamente después, se emprenda una reforma del sistema de elección para que una mayoría de los vocales sean elegidos por sus jueces, en línea con los estándares que recomienda Bruselas y el Consejo de Europa.