El pleno del Parlamento Europeo ha reclamado a Bruselas que complete «rápidamente» la revisión de las reglas fiscales de la Unión Europea (UE) antes de levantar, a finales de 2023, la suspensión del anterior marco regulador, que se congeló hace cuatro años con la llegada de la pandemia de Covid-19.
Los eurodiputados han adoptado el texto que incluye esta petición entre sus prioridades en materia de política fiscal con 486 votos a favor, 87 en contra y 57 abstenciones, un texto que va en línea con el encargo que hicieron también este martes los ministros de Economía y Finanzas de la UE a la Comisión Europea para culminar la revisión de las reglas fiscales en 2023.
En general, los eurodiputados se han mostrado de acuerdo con las ideas de la Comisión presentadas en diciembre de 2022 y subrayan que las normas revisadas deben permitir un margen de maniobra suficiente para que los Estados miembro adopten medidas de resolución de crisis. Sin embargo, son contrarios a depender demasiado de los análisis de sostenibilidad de la deuda para las normas actualizadas, ya que argumentan que esto podría socavar la transparencia y obstaculizar la asunción de responsabilidades y la previsibilidad.
Junto a las prioridades económicas, la Eurocámara ha adoptado también otro informe --por 319 votos a favor, 171 en contra y 138 abstenciones--, que pide medidas concretas de protección social frente al creciente coste de la vida, tales como la rápida aplicación de las directivas sobre salarios mínimos y regímenes de renta mínima, al menos 20.000 millones de euros para reforzar el sistema europeo de garantía infantil, y partir del Fondo Social para el Clima para sentar las bases para el desarrollo de sistemas de protección social con carácter ecológico a nivel nacional.
En el ámbito laboral, los eurodiputados han reclamado también un refuerzo del instrumento europeo de apoyo temporal para mitigar los riesgos de desempleo en una emergencia, dar prioridad a la lucha contra el desempleo y garantizar que todos los jóvenes de Europa tengan acceso a educación, formación y períodos de prácticas remunerados. Por último, han solicitado a la Comisión una nueva legislación que garantice el acceso a servicios esenciales como la vivienda, la energía, el transporte, el agua y los residuos, y la prohibición de las desconexiones energéticas para los grupos vulnerables.