El Gobierno de Argentina, a través del Ministerio de Economía, ha aprobado una resolución para eliminar todas las trabas y obstáculos al comercio, «que solo han generado incrementos en los costos de transacción para los proveedores y su consecuente traslado a los precios de los bienes y servicios para los consumidores».
El ministerio ha argumentado que esta medida es necesaria para alinear las políticas de regulación del mercado interno, de modo tal que se lleve a cabo una desburocratización y simplificación de los procesos productivos en relación con el consumidor.
Las resoluciones actuales vinculadas con regímenes de control de precios, abastecimiento y de requerimientos de información o de cumplimiento de distintas obligaciones relacionadas, en base al estado actual de la economía en general, se ha demostrado que no sirvieron a los fines que fueron dictadas, según ha explicado el Gobierno.
Este extremo es «de público y notorio conocimiento», ya que se conoce que «han importado un enorme dispendio de jurisdicción administrativa, utilizando ingentes recursos humanos y materiales que no han generado resultados positivos». Por este motivo, y por razones de «oportunidad, mérito y conveniencia» en el contexto señalado, el Gobierno ha dispuesto la derogación de la normativa que integra esta medida, a efectos de coadyuvar a un nuevo ordenamiento de las resoluciones y disposiciones reglamentarias que atañen al comercio interior «más simple, menos burocrático y más transparente».