Otr-press Madrid
La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial acordó ayer abrir una investigación sobre el cobro por parte del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de algo más de 160.000 euros durante su estancia académica en EEUU. Esta decisión llega a la vista del auto dictado anteayer por el Tribunal Supremo en el que se sugiere que el magistrado podría haber incurrido en una falta disciplinaria al no haber comunicado dicha circunstancia al órgano de gobierno de los jueces. De este modo, el TS entregará los documentos al CGPJ, informes que especifican las cantidades relacionadas con la estancia del magistrado en este centro académico.
El CGPJ abrirá una investigación sobre este caso, apuntando que esta decisión supone transformar en diligencias informativas el expediente sobre este asunto que se venía tramitando en el órgano de gobierno de los jueces bajo la denominación de información previa.
La Inspección del Consejo proponía archivar la citada información previa, que fue abierta el pasado mes de noviembre a raíz de una denuncia que presentó un abogado alicantino ante el CGPJ contra Garzón por los mismos hechos. En esta denuncia, idéntica a una querella ante el Supremo que ha sido finalmente archivada, se acusaba al magistrado de cohecho y prevaricación por haber haber recibido supuestamente 1,7 millones de dólares del Banco Santander Central Hispano por la presentación de un ciclo de conferencias en EEUU, celebrado durante la licencia por estudios de la que disfrutó el juez en dicho país, y luego archivar una causa judicial contra la entidad bancaria.
Sin embargo, ahora, el CGPJ se encuentra a la espera de que el Tribunal Supremo le remita la documentación que le fue enviada por la Universidad de Nueva York en el curso de la tramitación de la querella antes señalada. Los documentos especifican las cantidades relacionadas con la estancia del magistrado en este centro académico.
En el auto de archivo de la querella dado a conocer el lunes, el alto tribunal considera que los hechos denunciados por el letrado alicantino carecen de relevancia penal, si bien advierte que la ocultación por parte del juez de las cantidades que percibió del Centro Rey Juan Carlos I de España y el Centro de Derecho y Seguridad de la universidad de Nueva York podría ser determinantes de responsabilidad ante el CGPJ.
Apuntaba el Supremo que la Ley orgánica del Poder Judicial sanciona en su artículo 417.11 como falta muy grave "faltar a la verdad en la solicitud de obtención de permisos", y que habría que investigar el caso porque cuando Garzón pidió prórroga de licencia tras su primera etapa en EEUU "no consta que hiciese advertencia alguna sobre la naturaleza y cantidad de los ingresos percibidos y gastos que le fueron satisfechos".
EL CENTRO REY JUAN CARLOS ASUMIRIA LOS GASTOS
Según el auto dado a conocer hoy, el Centro Rey Juan Carlos asumió el pago de gastos de viaje por 21.152 dólares y la escolarización de la hija de Garzón en la Escuela Internacional de Naciones Unidas. Además, El Centro de Derecho y Seguridad pagó a Garzón otros 160.333,14 dólares por organizar los cursos denominados "Diálogos Transatlánticos" y "Seguridad Jurídica".
Fuentes del Consejo señalaron hoy que una de las cuestiones que tendrá que estudiar ahora la Comisión Disciplinaria es la relativa a la prescripción de la supuesta falta de Garzón, puesto que las conductas de carácter muy grave lo hacen a los dos años (Garzón volvió de Estados Unidos en Junio de 2006 y la queja ante el CGPJ tiene fecha de noviembre de 2008). Otra cuestión a tener en cuenta es la caducidad de los expedientes disciplinarios, que es de seis meses.
El juez afirma que no actuó de mala fe
El juez Baltasar Garzón ha asegurado que no actuó "de mala fe" al ocultar al Consejo General del Poder Judicial que cobró 160.000 euros por organizar un ciclo de conferencias en la Universidad de Nueva York entre marzo de 2005 y junio de 2006. El órgano de gobierno de los jueces "nunca le preguntó si iba a cobrar" por esa actividad. Por su parte, el Gobierno ha señalado que es un "asunto disciplinario" sobre el que debe actuar el CGPJ.
El Tribunal Supremo denunció anteayer ante el CGPJ que Garzón había cobrado 160.000 euros por sus charlas en EEUU, una cifra que el magistrado habría ocultado porque no se permite a los jueces de la Audiencia Nacional tener más de una nómina. Tras el revuelo generado como consecuencia de este hecho, fuentes cercanas al magistrado aseguraron que "Garzón declaró hasta el último dólar en Estado Unidos y después consolidó su declaración de renta ante el fisco español".