Facua-Consumidores en Acción advierte de que una subida de la luz del 10 por ciento encarecería en más de 60 euros anuales el recibo del usuario medio, y que en sólo tres años y medio la factura anual acumularía una subida superior a los 220 euros, más de un 48 por ciento.
En una nota, la organización indica que sus análisis ponen de manifiesto que un usuario con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y un consumo mensual de 270 kWh paga actualmente 51,30 euros mensuales, con los impuestos incluidos.
Así, si el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio aplicase una subida del 10 por ciento en enero, el usuario medio pasaría a abonar 56,43 euros mensuales, 5,13 euros más que en la actualidad. La subida acumulada con respecto a la tarifa vigente en julio de 2007, cuando el usuario medio pagaba 38,07 euros al mes, alcanzaría los 18,36 euros mensuales.
Facua considera que las medidas aprobadas el pasado jueves por el Gobierno "no son más que un parche que no soluciona el gran problema de fondo de la tarifa eléctrica, fijada por Industria en consonancia con los intereses de las grandes empresas del sector y sin cuestionar el elevado precio del mercado mayorista de la generación y el oscuro sistema de subastas en el que se basa".
Asimismo, critica el "ninguneo permanente" del Ministerio de Industria al movimiento de consumidores organizado, "con el que se niega a dialogar sobre el futuro del sector".
Reunión
Explica que la Dirección General de Política Energética y Minas convocó el jueves a una reunión a las asociaciones miembros del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU). "Facua decidió no asistir al considerarla una falta de respeto ya que el único objetivo del Ministerio era darles a conocer su decisión sobre la subida tarifaria en lugar de abrir un diálogo sobre la misma, continuando así con su política de hechos consumados", añade.
"La política energética del Gobierno está plegada a los intereses empresariales, denuncia Facua, que lamenta que el objetivo prioritario del Ministerio de Industria sea satisfacer a las grandes corporaciones de sectores como el energético y el de las telecomunicaciones a costa de lesionar los intereses económicos y los derechos de los usuarios", concluye.
La asociación critica que el Ejecutivo "ni siquiera cuente con un Ministerio preocupado por la protección de los consumidores".
"Las competencias en materia de Consumo están casi totalmente diluidas en el Ministerio de Sanidad y Política Social, que carece además de peso en la mayoría de decisiones políticas que afectan a los intereses de los usuarios", sentencia.