La Fiscalía de Madrid ha remitido al Decanato de los Juzgados de Primera Instancia de Plaza de Castilla la denuncia contra 175 controladores aéreos por un presunto delito de sedición con la finalidad de que un juez les cite a declarar en el marco de unas diligencias penales. Hasta ahora, los controladores no han querido prestar declaración gasta que el Tribunal Supremo resuelva los recursos interpuestos contra el estado de alarma . Respecto a las denuncias contra los controladores presentadas por dos asociaciones de consumidores, la Audiencia nacional se ha declarado incompetente para investigarlas, por lo que no puede admitirlas a trámite y las remite también a la Fiscalía de Madrid.
"Intervendrán en las diligencias con todas las consecuencias", ha adelantado el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Madrid, Eduardo Esteban Rincón. Según ha explicado Esteban, nada más recaiga la denuncia en un juzgado concreto pedirán que su titular tome declaración como imputados a los controladores que se negaron a declarar ante el fiscal. La Fiscalía de Madrid ha presentado la denuncia contra 175 controladores por un presunto delito de sedición por el caos aéreo provocado el 3 y el 4 de diciembre.
Hasta ahora, los controladores no han querido prestar declaración hasta que el Tribunal Supremo resuelva los recursos interpuestos contra el estado de alarma y la militarización del espacio aéreo. Esto se debe a que los controladores no reconocían la competencia del fiscal para interrogarles, puesto que entienden que están bajo la jurisdicción militar desde el momento que se declara el estado de alarma.
El delito de sedición está castigado con penas de entre ocho y diez años de prisión, según el artículo 545 del Código Penal, para los que hubieren "inducido, sostenido o dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales autores", y la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo. Si los imputados no son los instigadores, "se impondrá la pena de cuatro a ocho años de prisión, y la de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de cuatro a ocho años".
Además, Esteban ha asegurado que no ve "descabellado" que se solicite el embargo de bienes de los controladores aéreos en el marco de las diligencias penales que se inicien con motivo de la huelga. A preguntas sobre si la Fiscalía apoyará esta medida, ha subrayado que "en absoluto" es algo que se pueda descartar con la finalidad de asegurar las responsabilidades civiles que se deriven del proceso penal.
"FALTA DE COMPETENCIA" de la audfiencia
También la Fiscalía de Madrid podría encargarse de las dos denuncias contra los controladores presentadas por la Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción (FACUA) y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), ya que el juez Ismael Moreno ha asegurado ayer miércoles que no es competente para investigar ambas denuncias. Así, en el auto hecho público ayer miércoles el magistrado asegura que por este motivo no puede admitir a trámite las denuncias y las remite a la Fiscalía de Madrid, coincidiendo con la denuncia hoy presentada por un presunto delito de sedición.
Ya se pronunció la Fiscalía el 13 de diciembre en contra de la admisión a trámite de las denuncias por la "falta de competencia", ya que el tipo delictivo investigado "no tiene encaje" en los atribuidos a este tribunal en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en el que se especifican las atribuciones del citado tribunal.
"Necesariamente debe denegarse la admisión a trámite de las citadas denuncias por falta de competencia de este órgano jurisdiccional para conocer las mismas", dice el juez. Además, califica en su auto como "acertada" esta valoración y asegura que ninguno de los hechos denunciados coinciden con alguno de los supuestos delictivos respecto a los que la Audiencia Nacional tiene competencia.
Ambas asociaciones habían denunciado en la Audiencia Naciona a la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) y "a los responsables del abandono masivo de los controladores de su puesto de trabajo" por la comisión de delitos de sedición, abandono de destino, falsedad documental y coacciones.