El Gobierno, a través de la Abogacía General del Estado, impugnó ayer ante el Tribunal Supremo las 254 candidaturas de Bildu, y 16 de agrupaciones electorales, que considera que son el "plan B" de ETA y el "instrumento electoral" con el que la ilegalizada Batasuna planeaba volver a las instituciones.
El recurso contencioso-electoral de la Abogacía, al que hoy se sumará el de la Fiscalía General del Estado, sostiene que la coalición -integrada por Eusko Alkartasuna (EA), Alternatiba e independientes- es el vehículo formal de la izquierda abertzale ilegalizada para estar en los comicios del 22-M y, por tanto, una sucesión del "complejo ETA-Batasuna".
En esa estrategia, los servicios jurídicos del Estado creen que la política de EA y de Alternatiba ha permitido propiciar "una alianza para la implementación electoral que sirviera de vehículo para facilitar la presencia de la izquierda abertzale ilegalizada en las instituciones", aunque entiende que esa colaboración "no alcanza la intensidad necesaria" para afectar a la legalidad de esos partidos.
Tras analizar los informes policiales, las declaraciones de los dirigentes de la coalición, las conversaciones intervenidas y los documentos de ETA, la Abogacía del Estado cree probado que detrás de Bildu está el plan de la organización terrorista gestado desde 2008 de "acumular fuerzas" y buscar la alianza con EA para "cubrir el espacio electoral perdido".
Los servicios jurídicos del Estado consideran que Bildu está "gestionada, dirigida, articulada y coordinada" en sus aspectos fundamentales por la izquierda abertzale ilegalizada.
Si Bildu era el "plan B" de ETA, según la Abogacía, existiría también "un plan C residual" en municipios o concejos pequeños donde no ha habido acuerdo entre los integrantes de la coalición y Batasuna y se han presentado candidaturas autónomas, de las que 16 también han sido impugnadas.
Entre las pruebas que presenta el abogado del Estado en su recurso destacan los acuerdos electorales (Herri Akordioak) que, a su juicio, demuestran que Bildu se diseña y ejecuta desde el mundo de Batasuna y que en las listas electorales se atribuyen los puestos en función de los votos que obtuvo ANV en 2007.
Otra prueba que aporta son las conversaciones intervenidas por la Policía, de las que saca la conclusión de que los dirigentes de Batasuna recurrieron a "intensas presiones personales" sobre ciudadanos "no excesivamente significados" por su relación con la izquierda abertzale para que accedieran a ser candidatos en Bildu.
Una conversación a la que también se hace referencia en el recurso es la mantenida el pasado 2 de abril entre el exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegi, en prisión, y su esposa, Julia Arregi, en la que hablan de la elaboración de las listas de Elgoibar (Guipúzcoa), a la que se refieren como "los nuestros".
Para demostrar las vinculaciones con el entorno de ETA, la Abogacía General del Estado analiza también uno por uno los nombres que integran las candidaturas de Bildu y concluye que más del 20 por ciento de los candidatos tienen alguna relación con Batasuna, porcentaje que cumple con los requisitos establecidos por el Supremo y el Tribunal Constitucional para demostrar la continuidad o sucesión de un partido ilegalizado.
En el recurso, la Abogacía, además de pedir que se anulen los acuerdos de proclamación de todas las candidaturas de Bildu, solicita que, como medida cautelar, se suspenda la obligación legal de la Oficina del Censo Electoral y de las Juntas Electorales de suministrar una copia del censo a las listas impugnadas.
De esta forma, pretende evitar que Bildu pueda disponer de una copia del censo, que puede ser "un instrumento de localización de personas utilizado en numerosas ocasiones para atentar, amedrentar o coaccionar", hasta que la Sala se pronuncie sobre su legalidad.
La Sala del 61 del Supremo tiene previsto reunirse hoy para decidir si admite a trámite los recursos contra Bildu, después de que la Fiscalía General del Estado presente -también lo hará hoy- sus impugnaciones contra todas las candidaturas de la coalición.
Ayer mismo el fiscal general Estado, Cándido Conde-Pumpido, justificó la impugnación argumentando que la tercera fuerza de Bildu, en alusión a los independientes abertzales, es "directamente Batasuna", por lo que se trataría de una "cobertura" del partido ilegalizado.