La Fiscalía General egipcia pidió ayer la pena de muerte en la horca para el expresidente Hosni Mubarak por su implicación en la muerte de manifestantes durante la revolución que acabó con su renuncia el pasado febrero.
En la sesión de ayer del juicio, el Ministerio Público solicitó la aplicación de "la máxima pena a los acusados por el crimen de asesinato premeditado, cuyo castigo es la muerte", según informó a Efe uno de los abogados de la acusación, Ashraf Atwa.
La petición de la pena capital formulada por la Fiscalía incluye también al exministro del Interior Habib al Adli y a seis de sus ayudantes, que comparten banquillo con Mubarak en este juicio conocido en Egipto como "el proceso del siglo".
El Ministerio Público confirmó la "responsabilidad directa" de Mubarak y de Al Adli en la muerte de los manifestantes durante la Revolución del 25 de Enero y apostilló que el expresidente por su cargo durante las protestas tenía los mayores poderes y recibía informes, por lo que es imposible que desconociera que se estaba asesinando a civiles.
Al respecto, otro de los abogados de la acusación, Asaad Hekal, explicó a Efe que la Fiscalía reveló los testimonios de dos exministros del Interior que aseguraron que la decisión de disparar contra los manifestantes no se puede tomar sin tener el permiso del presidente del país.
Hekal agregó que, según el Ministerio Público, el 27 de enero, dos días después del inicio de la revolución, se celebró una reunión en el Ministerio del Interior en la que se tomó la decisión de utilizar la fuerza contra los manifestantes, lo que condena a Al Adli y a sus asesores.
Durante la vista, el representante de la Fiscalía, Mustafa Suleiman, denunció que Mubarak no hizo uso de sus prerrogativas y no forzó la dimisión de Al Adli porque tenía interés en reprimir las manifestaciones.
Suleiman también señaló que los agentes que cometieron crímenes contra los manifestantes en doce provincias tenían instrucciones de los jefes de la Policía, y que no podían tomar decisiones individuales sin comunicarse con sus superiores.
La sesión de ayer era la última en la que la Fiscalía iba a presentar sus acusaciones, y la próxima vista se celebrará los próximos 9 y 10 de enero, cuando se espera escuchar los testimonios de las familias de las víctimas durante las revueltas.
El abogado Hekal se quejó de que dos días no son suficientes para escuchar a los defensores de las víctimas y a las familias de algunos revolucionarios, ya que representan un elevado número de testigos.
Mubarak, de 83 años, es juzgado también por un presunto delito de corrupción, por el que también son procesados sus hijos, Gamal y Alaa, y el empresario egipcio Husein Salem.
En cuanto a este caso, la Fiscalía aseguró ayer que Salem, que está detenido en España, ofreció a Mubarak villas en la localidad turística de Sharm el Sheij por un valor inferior al precio del mercado.
Además, acusó al exmandatario de haber dado instrucciones directas para la exportación de gas a Israel a precios muy reducidos.
En cuanto a los hijos de Mubarak, la Fiscalía indicó que ambos se aprovecharon del poder de su padre, ya que eran temidos por ser los vástagos del presidente.
Hace dos días, la corte decidió concluir la fase probatoria de este histórico proceso y comenzar a escuchar los alegatos de la acusación y la defensa como último paso antes de dictar sentencia.