El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón Garzón justificó ayer en el Tribunal Supremo su orden para que fueran intervenidas las conversaciones en prisión de los cabecillas de la "trama Gürtel" con sus abogados -decisión por la que se enfrenta a una pena de inhabilitación de 17 años-, en la necesidad de impedir que los miembros de esta red delictiva continuaran operando para blanquear capitales y evadir dinero fuera de España. En su opinión, los abogados "eran parte nuclear" de las actividades de la trama corrupta.
Tras la reanudación de la vista, que se había iniciado por la mañana con las cuestiones previas planteadas por la defensa, el presidente del tribunal, Joaquín Giménez, ha señalado a Garzón que para declarar como imputado debía despojarse de la toga y sentarse en el lugar destinado a los procesados. Hasta el momento, el juez suspendido había estado sentado en el banco destinado a los letrados de la defensa junto a su abogado en esta causa, Francisco Baena Bocanegra.
Con una voz muy débil y ronca, fruto de la afonía que padece, Garzón ha contestado en primer lugar a las preguntas de Ignacio Peláez, cuya querella inició este procedimiento contra él en el alto tribunal, y ha negado que las intervenciones le permitieran conocer la estrategia de defensa de su cliente, el constructor Ulibarri, ni del resto de imputados. Ha añadido que la citada estrategia de defensa además "le importaban bien poco" para el curso de la investigación, pues su intención no era otra que la de "evitar la continuación de la acción delictiva" relacionada con el blanqueo de capitales y la evasión del dinero fuera de España, de cuya comisión existían "importantes indicios". Garzón ha insistido en que la actividad delictiva continuaba en prisión por parte de los integrantes de la trama corrupta, y que las escuchas le brindaban "la única posiblidad que tenía", como juez, para poder perseguir los delitos y conciliar este interés con la protección de los derechos de las partes en el proceso.
ABOGADOS IMPUTADOS
Los abogados "eran parte nuclear" de las actividades de la trama corrupta, según Garzón, concretamente Ramón Blanco Balín, José Antonio López Rubal y Manuel Delgado, quienes posteriormente resultaron imputados, al igual que los cabecillas de la trama "Gürtel", por delitos de blanqueo de capitales, defraudación fiscal, cohecho, asociación ilícita, falsedad tráfico de influencias. Posteriormente, todos ellos resultaron libres de imputación.
Por su parte, Peláez le ha recordado que en el propio auto Garzón señalaba que las intervenciones con abogados no podían autorizarse salvo por orden de la autoridad judicial o en los supuestos de terrorismo (artículo 51 Ley General Penitenciaria), un argumento con el que el propio magistrado juzgado mostró su conformidad. A lo largo de su declaración, Garzón ha insistido en varias ocasiones en que nunca hubo relación entre lo conocido por las escuchas y las diligencias que posteriormente se acordaron en el marco de la investigación a la trama corrupta.