Reforzar la transparencia de las administraciones públicas. Este es uno de los principales objetivos del anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno aprobado ayer viernes en el Consejo de Ministros. La norma establece que los gestores públicos que cometan infracciones muy graves, como falsear u ocultar datos contables, podrán enfrentarse a diez años de inhabilitación y una multa. Asimismo, los ciudadanos podrán consultar las cuentas públicas. Sin embargo, no afectará a la Casa Real porque no es una administración pública.
Los cargos públicos que falseen u oculten datos contables en el ejercicio de su cargo podrán enfrentarse a diez años de inhabilitación y una multa, según consta en el anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
La norma, que no se prevé que se apruebe de manera definitiva antes del mes de junio, establecerá además baremos para fijar los sueldos de los cargos electos locales, que se recogerán cada año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE).
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó que España es uno de los pocos países de la UE que no dispone de una norma de estas características y recalcó que permitirá "cumplir otros estándares de competitividad institucional" y "reforzar la confianza y la credibilidad de las instituciones españolas".
"La norma busca reforzar la transparencia de las administraciones públicas y eliminar compartimentos opacos en el ámbito de la administración para que puedan ser consultados por los ciudadanos", indicó.
La vicepresidenta aseguró que el anteproyecto de ley "también impone férreas obligaciones de buen gobierno y principios éticos de actuación, con el correspondiente régimen de infracciones y sanciones, incluso penales, para los malos gestores o los que incumplan las obligaciones previstas en la ley".
Asimismo, Sáenz de Santamaría explicó que la norma incorpora un procedimiento "novedoso" de audiencia pública, de forma que los ciudadanos dispondrán de quince días a partir del lunes para hacer aportaciones y sugerencias al texto de la ley a través de la web del Ministerio de la Presidencia.
La norma se compone de tres bloques: publicidad activa, derecho de acceso a la información pública y buen gobierno.
PUBLICIDAD ACTIVA
El primer bloque de la Ley de Transparencia "refuerza" las obligaciones de publicidad activa de todas las administraciones y, por lo tanto, deberá suministrarse en las webs de las administraciones información sobre los contratos adjudicados con indicación del objeto o la relación de los convenios suscritos por las administraciones con mención de las partes, el objeto y las obligaciones económicas convenidas.
Igualmente, debería ofrecerse información sobre las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo, finalidad y beneficiario o sobre los presupuestos, con descripción de las partidas y datos actualizados sobre su ejecución.
Para cumplir con esa "obligación" de publicidad activa, el Gobierno creará un Portal de la Transparencia que, en el ámbito de la Administración General del Estado, centralizará toda la información que debe hacerse pública.
ACCESO A LA INFORMACIÓN
El segundo gran eje de la ley se refiere a la regulación del acceso de los ciudadanos a la documentación pública a través de preguntas y solicitudes de información dentro de los límites previstos en la Constitución.
Tampoco está previsto que los ciudadanos puedan conocer el régimen de visitas de los ministros o del presidente del Gobierno, algo que sí ocurre en Estados Unidos.
El plazo para responder a las peticiones de información de los ciudadanos será de un mes desde la recepción de la solicitud. La hasta ahora Agencia de Calidad de los Servicios y Evaluación de las Políticas Públicas pasará a llamarse Agencia de Transparencia y se encargará de resolver las reclamaciones que se puedan producir en caso de denegación de acceso de información.
BUEN GOBIERNO
El tercer bloque de la norma es la aplicación de un "código de buen gobierno" por "primera vez" con "rango legal" para todas las administraciones públicas.
Este código de buen gobierno incluye "principios éticos y de actuación que dejan de ser meras recomendaciones" porque "se constituyen en obligaciones de cumplimiento legal", por lo cual su incumplimiento acarreará sanciones.
Entre las infracciones "muy graves" en materia de gestión económica-presupuestaria figurarán la administración de los recursos y demás derechos de la Hacienda Pública estatal sin sujeción a las disposiciones que regulan su liquidación, recaudación o ingreso en el Tesoro; la utilización de compromisos de gastos sin tener crédito para hacerlo o en contra de la legislación aplicable; o el incumplimiento deliberado del nivel de deuda pública.
La vicepresidenta recalcó que esas infracciones "muy graves y algunas graves" podrán llevar aparejada la destitución en el cargo del gestor en cuestión y la imposibilidad de poder volver a ser nombrado por un periodo de entre cinco y diez años.