El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer gracias a los votos del Grupo Popular y de CiU, la convalidación del decreto ley que recoge medidas tributarias y administrativas para reducir el déficit público. Entre ellas se incluye la llamada 'amnistía fiscal' que se enmarca dentro del Plan Antifraude que, además, obligará a los ciudadanos a informar a los organismos tributarios de todas las cuentas abiertas en entidades financieras en el extranjero.
En la defensa del decreto ley, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, hizo referencia a la llamada 'amnistía fiscal', señalando que su objetivo es "luchar contra la economía sumergida", lo que también contribuirá al Plan Antifraude que, en forma de anteproyecto de ley, debatirá hoy viernes el Consejo de Ministros.
En esta línea, precisó que a estas medidas también se añadirá la "obligación tributaria de informar sobre las cuentas abiertas en entidades financieras en el extranjero de las que sean titulares, beneficiarios, autorizados o con poder".
En este sentido, los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) consideran que esta norma no aportará datos nuevos a la Administración Tributaria, ni hará aflorar depósitos 'opacos', según informaron en un comunicado.
En el texto, la organización remarca que esta medida se basa en un "simple acopio" de información de números de cuentas 'blancas' que Hacienda puede conocer leyendo los balances de las compañías, e insiste en que las cuentas 'opacas' no se han declarado y no se van a declarar.
Esta norma se anuncia después de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, adelantara este miércoles que en dicho Plan Anitfraude se incluirá la limitación a 2.500 euros en las transacciones mercantiles en metálico.
Al respecto, el secretario de Estado de Hacienda concretó ayer que tanto el pagador como el receptor de estos pagos en efectivo superiores a 2.500 podrán ser sancionados. Sin embargo, no ha especificado si la multa, inicialmente fijada en el 25 por ciento del pago en efectivo realizado, se repartirá entre pagador y receptor o si cada uno tendrá que asumir el 25 por ciento de dicha cantidad.
Durante el debate del texto realizado en la Cámara Baja, la práctica totalidad de los grupos parlamentarios de la oposición consideró "razonables" algunas de las medidas incluidas en el decreto, tales como la reorganización y reducción de las bonificaciones del Impuesto de Sociedades o la subida del Impuesto sobre las Labores del Tabaco.
Sin embargo, el titular de Hacienda no logró convencerles de la necesidad de esta 'amnistía fiscal'. Mientras el ministro la denominó "regularización de activos ocultos", los diputados que intervinieron el debate la calificaron con términos como "chollo para blanquear dinero".