El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, advirtió ayer al presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, de que podría llegar a cometer un "delito" si lleva adelante "un acto ilegal" como convocar un referéndum secesionista. Asimismo denuncia el daño económico que le hace a Cataluña al proponer este referéndum porque los inversores quieren "seguridad jurídica".
"Si hay un acto ilegal por parte de una persona, no creo que haya que castigar a los ciudadanos catalanes. A quien habrá que exigirle responsabilidades es a esa persona", señaló el ministro en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press. ¿Cómo? "Eso lo sabe perfectamente el presidente de la Generalitat", ha respondido.
Ruiz-Gallardón se pronunció por la posible aplicación del artículo 155 de la Constitución, que abre la puerta a la suspensión de la autonomía. Expuso que para ello debería producirse la intervención del Tribunal Constitucional (TC).
Después, tendría que darse una "rebeldía" frente a esa resolución del alto tribunal, "que no se acatase" y se convocara la consulta. En este supuesto, se produciría "un acto ilegal" del que sería responsable su autor.
De hecho, según informaron a Europa Press fuentes del Ministerio de Justicia, Artur Mas podría incurrir en la comisión de un delito de desobediencia de una resolución judicial, sancionado con multa e inhabilitación, si convoca un referéndum por la independencia y se niega a cumplir el mandato del TC.
Las fuentes consultadas explicaron que el Gobierno de España impugnaría la convocatoria de una consulta de tal naturaleza y ésta sería suspendida por el TC.
En el caso de que Mas persista en el empeño de convocar el referéndum podría cometer así un delito de desobediencia, previsto en el artículo 410.1 del Código Penal, que castiga a "las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales".
Esta conducta está sancionada con una pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.
Ruiz-Gallardón pidió en cualquier caso no entrar en este "terreno", que es el de Artur Mas, el de suponer qué ocurriría "si él hiciese lo que sabe que no puede hacer", y recordó que el dirigente nacionalista "está en campaña".
Insistió en que el Gobierno se mantiene en pedir el respeto a la ley, su cumplimiento, y que por este motivo no pactará con el Gobierno catalán ninguna fórmula de consulta "bajo ningún concepto".
El dirigente 'popular' defendió que en Cataluña viven "cientos de miles" de personas que no quieren "renunciar a una de sus identidades" y que "España no se entiende a sí misma sin Cataluña". "Si se saliese, desaparecía España, el resultante sería otra cosa", abundó.
El ministro de Justicia recalcó que no se está produciendo un enfrentamiento entre el principio democrático y el de legalidad, en el sentido de que el primero debe prevalecer sobre el segundo cuando ambos chocan.
Por otro lado, advirtió de las consecuencias negativas que tendría la secesión para España.
Cospedal
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, aseguró ayer que el Gobierno "usará todos los medios legales a su alcance" para que "la ley se cumpla en Cataluña" y advirtió de que el proyecto independentista de Artur Mas sólo llevaría "a la ruina" a esta comunidad autónoma.
"Un proyecto de independencia de ninguna manera garantiza la recuperación de Cataluña, más bien lo contrario", ha señalado Cospedal en rueda de prensa en la sede nacional del partido, en la que ha reiterado que el propósito del presidente de la Generalitat, Artur Mas con este debate es "tapar su fracaso" y su "auténtica dejación de funciones" en el Govern.
Mas ha aprovechado la cita política de hoy en Cataluña, donde se ha conmemorado el 72 aniversario del fusilamiento del presidente de la Generalitat republicana Lluís Companys a manos de las tropas franquistas, para pedir que "las cosas se hagan de manera muy diferente a como se hacían hace setenta años".