El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de Ley de Justicia Gratuita que amplía los colectivos que se beneficiarán de este servicio sin acreditar la insuficiencia de medios como las víctimas de violencia de género, del terrorismo, de la trata de seres humanos o los discapacitados psíquicos.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, explicó, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo, que la nueva norma sustituirá a la ley vigente de 1996 para adaptarla a la realidad actual. Gallardón indicó que el texto garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en la Constitución asegurando la justicia gratuita para quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.
El anteproyecto supone "un auténtico impulso a la viabilidad del modelo español de justicia gratuita", porque incorpora, subrayó el ministro, nuevos recursos que posibilitan ampliar el número de españoles que se van a beneficiar de este servicio con relación a la legislación vigente.
En un momento de austeridad, de congelación y de reducción presupuestaria, según Gallardón, la nueva ley de justicia gratuita ha sido posible como consecuencia de las previsiones de recaudación de la ley de tasas del 20 de noviembre de 2012.
La ley amplía "considerablemente" el número de beneficiarios de la justicia gratuita, al tiempo que reconoce a aquellos que lo son en función de su renta y aquellos que lo son con independencia de sus ingresos.
En función de la renta, el Ejecutivo ha incrementado los umbrales hasta ahora vigentes para acceder a la justicia gratuita, situándolos entre dos y cinco veces el Indicador de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), teniendo en cuenta el número de miembros de la unidad familiar.
En concreto, el umbral para acceder a la justicia gratuita de dos veces el Salario Mínimo Interprofesional (14.910,28 euros al año) se ha elevado a 2,5 veces el IPREM (15.973 euros al año) y hasta 3 veces cuando los miembros de la unidad familiar son cuatro (19.170,39 euros).
También estarán cubiertos por la justicia gratuita aquellos procesos relacionados con circunstancias especiales, familiares, de salud o de discapacidad, elevándose el límite de ingresos de cuatro veces el SMI (29.821 euros) a cinco veces el IPREM (31.950,65 euros).
Con independencia de los recursos económicos, la nueva norma incluye también unos beneficiarios, pertenecientes a "colectivos especialmente vulnerables" como víctimas de violencia de género, de terrorismo, de trata de seres humanos, así como menores y discapacitados psíquicos víctimas de abuso o maltrato.
También serán beneficiarias de la justicia gratuita las víctimas de accidentes de tráfico que sufran secuelas permanentes que les impidan desarrollar su actividad habitual o que requieran la ayuda de otras personas para realizar las actividades más elementales.