La Fiscalía que interviene en el caso Kabul, cuyo juicio arrancó ayer con 55 acusados en el banquillo por presuntamente introducir en Mallorca e Ibiza ingentes cantidades de cocaína, heroína y cannabis para su distribución a diferentes organizaciones, se ha opuesto a la nulidad del auto inicial solicitada por las defensas al asegurar que no existe falta de control judicial y que las intervenciones telefónicas eran necesarias dada la complejidad y envergadura de la operación.
Durante la primera sesión de la vista oral, el Ministerio Público, representado por los fiscales Adrián Salazar y Julio Cano, aseguró que la naturaleza del delito es "muy relevante" para marcar la estrategia policial, ya que se trata de "una operación de gran envergadura" que requería de la intervención telefónica como prueba.
"La proporcionalidad va ligada a la gravedad del delito y a la dificultad de investigarlo", dijo el fiscal, que explicó que la intervención telefónica se produjo tras una noticia confidencial, que incluía una información que se confirmó y permitió incautar, el 26 de mayo de 2008, un cargamento de dos kilos de cocaína en el Puerto del muelle de Palma, proveniente de Barcelona.
Además, prosiguió la Fiscalía, al solicitar la intervención telefónica se aportaron sentencias de los acusados en las que se ponía de manifiesto que habían sido condenados previamente por delitos similares, "lo que no fundamenta el auto de injerencia, pero se tiene en cuenta", y del mismo modo, alguno de ellos no tenía oficio conocido, pero sí varios coches a su nombre, entre otros indicios.
La Fiscalía apuntó que no comparte "el panorama catastrofista filtrado por la defensa", puesto que no se pueden valorar datos aislados y contradijo la afirmación del letrado de Simón Montero, Josep Zaforteza, quien apuntó que en el auto inicial se genera un clima por el que "toda la gente de Son Banya es mala y a modo de ventilador, se saltan sus derechos fundamentales". Se trata del mayor juicios por narcotráfico de la historia de Balears.