El Pleno del Tribunal Constitucional admitió ayer a trámite el recurso presentado por el Gobierno contra el cobro del euro por receta implantado por la Generalitat de Cataluña, lo que conlleva la suspensión de la medida cautelar de la tasa durante al menos cinco meses. Al respecto, el Ejecutivo catalán reprochó al Estado que acabará declarando inconstitucional "respirar en catalán".
Según el artículo 161 de la Constitución, el Gobierno puede impugnar ante el TC decisiones de comunidades autónomas, lo que se traduce en su suspensión durante 5 meses, transcurridos los cuales el tribunal de garantías debe resolver si prorroga la medida cautelar mientras sigue estudiando el fondo o bien la levanta.
El Ejecutivo central entendía en su recurso que la medida implantada en Cataluña afecta a un supuesto regulado por una ley estatal y alega que las comunidades no pueden incidir directa o indirectamente en la fijación de precios de productos farmacéuticos, según establece el artículo 149.1.16ª de la Constitución.
Fue el pasado diciembre cuando la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, informó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de la intención del Gobierno al entender que la tasa catalana "perjudica" a la igualdad de los españoles al "gravar dos veces" la adquisición de medicamentos.
La vicepresidenta añadió que el Gobierno solicitaría al Alto Tribunal la suspensión del euro por receta en Cataluña para "evitar que los ciudadanos sigan pagando" un sobreprecio que "afecta a polimedicados o personas con más necesidades sanitarias".
El Ejecutivo de Mariano Rajoy atendió entonces el dictamen emitido por el Consejo de Estado en el que se consideraba que la medida implantada por la Generalitat podía ser "inconstitucional".
En un "ejercicio de coherencia", la vicepresidenta anunció el pasado viernes que el Consejo de Ministros había acordado recurrir también el euro por receta de la Comunidad de Madrid al entender que vulnera el "principio de igualdad" de los ciudadanos y se "grava un acto médico".
Por contra, el portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, reprochó al Gobierno central que vea inconstitucional cualquier cosa que hace la Generalitat, por lo que se ha preguntado si acabará situando fuera de la ley el hecho de "respirar en catalán".
El también consejero de Presidencia, indicó en ruedad de prensa que la suspensión es "inmediata" y que el sistema de recetas de la red sanitaria pública es electrónico, algo que facilitará la suspensión del euro por receta, a la espera de confirmarse qué impacto económico tendrá en las arcas de Cataluña.