CaixaBank ha remitido una comunicación al Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, informando de que ha llegado a un acuerdo para devolver cantidades a 67 personas afectadas por las participaciones preferentes que ha permitido a las mismas recuperar el total de la inversión realizada.
Según indica la oficina del Defensor, esta comunicación es una primera respuesta de La Caixa al listado de mas de 350 personas, titulares de participaciones preferentes, que le fue remitido por esta institución a la entidad financiera, interesando que se diera una solución a los casos planteados.
CaixaBank ha manifestado su "compromiso de dar respuesta en breve plazo a la totalidad de los supuestos que le han sido trasladados".
El Defensor del Pueblo Andaluz ha expresado su "satisfacción" por la resolución favorable de estos casos, ha reconocido la "buena disposición" manifestada por CaixaBank y ha reafirmado su compromiso con todas las personas afectadas por la comercialización de este producto financiero.
FISCALÍA
Ya a inicios de año, la Fiscalía Superior de Andalucía emitió un decreto en el que ordena a las fiscalías provinciales de la comunidad autónoma abrir diligencias de investigación penal para analizar la posible ilicitud en la emisión de las llamadas participaciones preferentes, dando por sentado que ha existido una "mala praxis generalizada" por parte de las entidades financieras denunciadas por este asunto.
El departamento que dirige el fiscal superior Jesús García Calderón incoó el caso después de que el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, le trasladara unos 300 expedientes de reclamaciones y denuncias recibidas en relación a estos productos financieros, que, según los datos de esta institución, podrían haber perjudicado a un total de 67.000 personas en Andalucía.
El escrito trasladado por Chamizo llevó a la Fiscalía Superior a ordenar una investigación a la Policía Judicial, que, tras el análisis de las denuncias, ha concluido que ha existido esa "mala praxis generalizada" que, según se señala en el escrito firmado por el fiscal Arturo Gómez Pardo ha consistido en "no observar escrupulosamente las directrices comunitarias", en la "vulneración" de diversos preceptos de la Ley de Mercado de Valores y en el "incumplimiento" de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.