La Infanta Cristina ha recurrido en apelación su imputación en el marco del caso Nóos, sobre la que deberá dirimir la Audiencia Provincial de Balears, al aseverar que no hay contra ella indicios de suficiente relevancia penal para declarar como encausada dentro de este procedimiento. De hecho, la defensa de la Infanta asevera que es ilógica su imputación debido a las nulas posibilidades de ir a juicio.
Según han confirmado fuentes de la investigación a Europa Press, la hija del Rey Don Juan Carlos ha interpuesto así un extenso recurso contra la decisión del juez instructor de la causa, José Castro, de imputarla en el marco de este procedimiento judicial, después de que ya lo hicieran la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado.
En concreto, el Ministerio Público incidía en que si los responsables políticos "supuestamente influenciados" por la presencia de la Infanta en el Instituto Nóos desconocían que ésta fuera vocal en esta entidad y no trataron o gestionaron de algún modo con ella temas vinculados a esta entidad, "¿cómo puede ejercer aquélla una influencia delictiva?".
En esta línea, apuntaba que si los indicios acumulados a lo largo de la investigación "no poseen entidad penal, no se barrunta el sentido que tiene su citación en calidad de imputada", en contra de las argumentaciones apuntadas por el magistrado.
Por su parte, la Abogacía del Estado se adhirió a la impugnación del fiscal Pedro Horrach únicamente en relación al presunto fraude fiscal investigado en el caso Nóos, que se eleva a unos 470.000 euros, debido a que su personación en la causa se limita a la defensa de la Agencia Tributaria (AEAT) como perjudicada por la supuesta comisión de delitos contra la Hacienda pública.
Así lo precisaba en el escrito al que tuvo acceso Europa Press, en el que la Abogacía aseveraba que su apoyo a la impugnación del Ministerio Público "viene limitado, por su legitimación, exclusivamente a la instrucción, averiguación, acusación y defensa de la AEAT" en lo referente a las anteriores infracciones penales y no en cuando al resto de delitos, en particular el de tráfico de influencias.
De este modo, la Abogacía aseveraba que no existe "un sólo indicio incriminatorio" respecto a la hija del Rey Don Juan Carlos "más allá de ser titular en un 50 por ciento de la sociedad Aizoon", de la que es copropietaria junto a su marido, Iñaki Urdangarin.
Es más, apuntaba que ni siquiera al inspeccionar la actuación "fraudulenta y evasora" por parte del Duque de Palma, a quien Hacienda atribuye el impago de más de 240.000 euros entre 2007 y 2008 del IRPF, se desprenden indicios de cooperación o complicidad "de ninguna otra persona". De hecho, la AEAT apunta que, si bien Urdangarin ha aportado sus rendimientos personales a una sociedad en la que participa su cónyuge, esto es "tributariamente irrelevante y no genera responsabilidad en la persona que participa en esa sociedad".
Tampoco ve la Abogacía del Estado indicios delictivos por parte de la Infanta en torno a la presunta defraudación de 230.979 euros del impuesto de sociedades.