El PP en el Senado ha rectificado y ha decidido retirar su enmienda, aprobada en comisión, que obligaba a los conductores que quieren recuperar parcialmente puntos a realizar, además del curso de sensibilización, una prueba en la Jefatura Superior de Tráfico correspondiente.
Durante el debate en el pleno de la Cámara del proyecto de ley de reforma de la Ley de Tráfico, el PP ha decidido, en aras de lograr el mayor acuerdo posible, retirar esa enmienda pese a que ya había sido incluida en el texto que salió de la comisión.
Como consecuencia de ello, también ha retirado las enmiendas que permitían abrir a más centros la posibilidad de impartir los cursos para la recuperación de puntos y, por tanto, se vuelve al actual régimen de concesión que limita la cifra a un cupo.
No obstante, tanto los portavoces del PP en el debate, Luis Aznar, como del PSOE, Enrique Cascallana, han dicho a Efe que están abiertos a que pueda aumentarse esa cifra para que más autoescuelas puedan acceder a esa concesión.
Ambos han explicado que una vez que se ha decidido no liberalizar los cursos lo lógico es que los conductores tampoco tengan que pasar una prueba en Tráfico toda vez que los centros que los imparten ofrecen las suficientes garantías.
Tras la aprobación por 139 votos a favor, 60 en contra y 8 abstenciones, el proyecto de ley volverá al Congreso para que dé luz verde a las modificaciones introducidas en el Senado, entre ellas la que amplía de 15 a 20 días el plazo para pagar de forma voluntaria las multas, o la que impide la inmovilización de las bicis cuando su conductor no haga uso del casco de protección.
Precisamente, y por un acuerdo de PP y CiU, el proyecto blinda la obligatoriedad de portar casco de bici en ciudad para los menores de 16 años a fin de que este precepto no pueda sufrir modificaciones en el Reglamento posterior.
Una vez que la reforma de ley sea aprobada definitivamente, se endurecerán las sanciones por consumo de alcohol y drogas al volante.
Así, superar la tasa máxima de alcohol se multará con 500 euros, pero si se duplica o el conductor es reincidente en el periodo de un año tendrá que pagar 1.000 euros, la misma cifra con la que se castigará la conducción bajo los efectos de las drogas, excluidas las utilizadas bajo prescripción médica.
Por otro lado, la reforma de la norma abre la puerta a la modificación de los límites de velocidad, que quedarán fijados en el nuevo Reglamento de Circulación, cuyo debate se iniciará una vez se apruebe la ley.
Tráfico quiere subir hasta los 130 kilómetros por hora el límite máximo de velocidad en autovías y autopistas, pero solo en determinados tramos y circunstancias, y rebajar en diez kilómetros por hora los límites máximos en las carreteras secundarias, así como fijar en 20 o 30 km/h los de algunas calles de las ciudades.
La ley prohíbe los detectores de radar, según el texto, que regula también los sistemas de retención infantil, que pasan de un sistema de edad a uno de talla, con una previsión de 135 centímetros, salvo excepciones.
Se crea asimismo el Consejo Superior de Seguridad Vial y la Conferencia Sectorial en esta materia.
Antes del debate de las enmiendas parciales (un total de 252), el pleno ha rechazado el veto presentado por los senadores de Izquierda Unida, quienes han criticado las «prisas» y «furor» del Gobierno por aprobar la reforma, que «gira en torno de al dominio absoluto del automóvil», según el senador Jesús Iglesias.
Por el PP, tanto Aznar como José Joaquín Peñarrubia han defendido el proyecto y la voluntad de su grupo de consensuarlo lo más posible.
Frente a las críticas de la oposición de que la ley no favorece el uso de la bici, los senadores del PP han recordado que el PSOE no se atrevió a incorporar medidas en las reformas de la normativa de 2005 y 2009.
Y respecto a la oposición a que se suba la velocidad máxima por, entre otras cosas, el coste económico y medioambiental, Peñarroya ha dicho que «si se hace, que no es seguro, no se hará de forma chapucera ni con pegatinas», como cuando se rebajó a 110 por «capricho del señor Rubalcaba».
«Lo haremos inteligentemente, con paneles electrónicos que existen y sin coste alguno», ha resaltado.
Mientras, Enrique Cascallana, del PSOE, ha lamentado el afán recaudatorio de la ley, la falta de diálogo del Gobierno, la preponderancia del uso de los vehículos a motor y la voluntad de aumentar los límites máximos de velocidad cuando es uno de los factores que más incide en la siniestralidad