«Lo siento Alteza, pero no cuento con usted». Con estas palabras un alto cargo de la Casa del Rey comunicó a la Infanta Cristina que no la llamarían más para participar en actos oficiales de la Familia Real, como consecuencia de la investigación que el juez José Castro había abierto en torno a los negocios presuntamente irregulares de su marido, Iñaki Urdangarin, duque de Palma. Con esta decisión los responsables de Zarzuela intentaban establecer un cortafuegos y evitar el desgaste que la instrucción del caso estaba provocando a la institución.
La hija menor de Don Juan Carlos no lo encajó mal. Al contrario, entendió esa decisión, aseguran a Europa Press fuentes de Zarzuela. No fue tan comprensivo Urdangarin, que no se explicaba cómo la Casa del Rey le daba la espalda cuando en diciembre de 2011 el jefe de la Casa, Rafael Spottorno, anunció a los medios de comunicación que el duque de Palma quedaba apartado de la agenda oficial por su comportamiento «no ejemplar». Urdangarin llamó a Zarzuela para quejarse de que con esas manifestaciones sobre su conducta le estaban condenando de antemano.
«¿Y qué pasa con la Infanta Cristina?», preguntaron entonces los periodistas. «Ya veremos», les contestó Spottorno. Lo cierto es que desde ese mismo momento Doña Cristina también quedó fuera de los actos de representación de la Familia Real, por los que llegó a cobrar algún año hasta 72.000 euros de la partida que los Presupuestos Generales del Estado reservan cada año para el mantenimiento de la familia y Casa del Rey.
Los casi tres años que lleva abierto el sumario del caso 'Nóos' han sido dolorosos en Zarzuela. Al fin y al cabo, afectan a la hija y hermana de Juan Carlos I y Felipe VI, al tiempo que han supuesto un enorme desgaste en el prestigio de la Corona.
El 'caso Nóos' vino a demostrar lo que desde hace años pensaban en la institución, la inconveniencia de que un miembro de la Familia Real cobrase de los Presupuestos Generales del Estado una cantidad que, por no equivaler a un sueldo, compaginaba con otras actividades remuneradas en la empresa privada.
En Zarzuela querían diferenciar entre el núcleo central de la Familia (Juan Carlos, Sofía, los entonces Príncipes de Asturias y sus hijas), los únicos que vivían exclusivamente del presupuesto del Estado, de las Infantas Elena y Cristina que, aún siendo miembros de la Familia Real, tendrían que tender poco a poco al papel que desempeñaban las hermanas del Rey, las Infantas Pilar y Margarita.
Un alto cargo de Zarzuela reveló esta estrategia en diciembre de 2011, en pleno estallido del caso Nóos. La noticia fue bien recibida entre la opinión pública pero cayó como un jarro de agua fría en el domicilio en Washington de los duques de Palma.
Un día después de que toda la prensa llevara en sus portadas que Zarzuela estudiaba limitar la Familia Real a los entonces Reyes, Príncipes y sus hijas, la Casa del Rey rectificó y destituyó al jefe de prensa, Ramón Iribarren, que en pocos días abandonará su puesto, ocupando su puesto Javier Ayuso.
Pero la presión de la opinión pública sobre Zarzuela, pidiendo una reacción ante el escándalo por los negocios de Urdangarin, no hacía más que crecer. Unos días después se produjo el famoso encuentro de Spottorno con los medios en los que reconoció que el comportamiento de Urdangarin, que según le acusa en la instrucción el juez Castro, se valió de su condición de yerno del Rey para obtener jugosos contratos con las Administraciones balear y valenciana, había sido poco ejemplar.