La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo (PP), ha sido citada a declarar en calidad de imputada por el juez que instruye las diligencias sobre la tramitación del plan urbanístico Rabasa, que preveía la construcción de más de 13.000 viviendas en 4,2 millones de metros cuadrados.
Según el auto del juez, facilitado hoy por el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) y contra el que cabe interponer recurso de reforma, Castedo deberá declarar como imputada el próximo 27 de noviembre ante el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Alicante.
Ésta es la segunda investigación judicial en la que está involucrada Castedo, ya que está imputada en la pieza separada del caso Brugal relativa al presunto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante.
La investigación sobre la tramitación del plan Rabasa guarda relación con la denuncia presentada hace dos años por Esquerra Unida contra Castedo, su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi -también imputado en la pieza del Brugal sobre la tramitación del PGOU-, el empresario Enrique Ortiz y cinco personas más por los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.
Entre los denunciados por esta formación política se encuentran, además, el gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Enrique Sanus, una funcionaria de la Gerencia de Urbanismo, Isabel Campos, una exresponsable de la administración autonómica y dos exaltos cargos del Ministerio de Fomento en el anterior gobierno socialista.
Además de Castedo, el juez instructor del caso Rabasa, Juan Carlos Cerón, ha citado a declarar como imputados a Enrique Ortiz -adjudicatario de este plan urbanístico e imputado igualmente en la pieza del Brugal sobre el PGOU de Alicante-, a Enrique Sanus, a Isabel Campos y a los dos exaltos cargos de la administración central cuando gobernaba el PSOE.
El magistrado ha tomado esta decisión tras tener en su poder el informe completo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional sobre este caso.
Esquerra Unida sostiene que los hechos denunciados tienen conexión o vinculación con la tramitación de los procedimientos para la aprobación del plan Rabassa, el convenio de implantación de la multinacional Ikea en los terrenos de ese barrio y el presunto amaño del PGOU de la ciudad.
En el auto, el juez señala que del contenido del informe policial se desprende que durante «la tramitación del expediente administrativo objeto de investigación, y estando suspendida la ejecución del Plan Parcial de Rabasa desde el 9 de diciembre de 2009 por orden del TSJ de Valencia, el Ayuntamiento de Alicante continúa con su tramitación».
Indica que en el pleno municipal del 29 de enero de 2010 se aprobó someter a exposición pública «el proyecto de convenio entre el Ayuntamiento y las mercantiles Viviendas Sociales del Mediterráneo SL e Ikea Iberica SAU para regular las condiciones de implantación de un centro comercial en el sector Lagunas de Rabasa».
El juez afirma que «en el informe policial existen indicios de que esta actuación pudo realizarse para beneficiar los intereses del empresario Enrique Ortiz».
Señala que estos hechos podrían ser constitutivos de «los delitos de prevaricación del artículo 404 y de tráfico de influencias del artículo 428 y 429 del Código Penal».
Expone que del contenido del informe policial también se desprenden indicios de que Sanus, Campos y dos exaltos cargos de la anterior administración socialista, Emilio Peiró Miret y Francisco Javier Criado, «pudieron dar un trato de favor en el ejercicio de sus funciones» a Ortiz durante la tramitación del expediente administrativo objeto de investigación.
Para el juez, estos hechos son «indiciariamente constitutivos de los delitos de prevaricación del artículo 404 y de tráfico de influencias del artículo 428 y 429 del Código Penal».
El magistrado da traslado al Ministerio Fiscal y a las demás partes personadas para que informen, en el plazo de diez días, de si procede la declaración de imputados del exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi y de la exalto cargo de la administración autonómica y actual presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), María Ángeles Ureña, en los hechos denunciados.