Un juez de la Princely Court of Justice de Liechtenstein investiga al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol por un presunto delito de blanqueo de dinero y ha pedido a España información sobre sus «antecedentes y condenas».
Así consta en un oficio recogido por Europa Press en el que la Interpol, a instancias del juez de Liechtenstein Michael Jhle, pide esta información al Juzgado de Instrucción 31 de Barcelona, porque es el que mantiene abierta una investigación sobre Pujol por ocultar dinero en el extranjero durante más de 30 años.
Por eso insiste al juzgado en que, «si no tiene inconveniente», facilite esta información a la autoridad judicial de Liechtenstein.
Por otra parte, las autoridades suizas -al igual que antes hizo Andorra - han respondido al juzgado de Barcelona que investiga a Pujol que «no se puede dar curso» a su petición de comisión rogatoria porque considera que la solicitud no cumple los requisitos.
«No se indican la infracción de blanqueo ni la infracción previa. No se facilita ninguna precisión o indicación concreta sobre las supuestas actividades criminales del interesado», según un oficio enviado por la Oficina Federal de la Justicia al Ministerio de Justicia y recogido por Europa Press.
Añade este oficio que el juzgado de Barcelona tampoco pone de manifiesto ninguna relación de Pujol con Suiza y añade que «la solicitud parece ir dirigida a las autoridades del Principado de Andorra».
Recuerda también que el derecho suizo exige que estas solicitudes de colaboración extranjera tienen que «mencionar principalmente la fecha y el lugar de la comisión de los hechos, las personas implicadas y su función».
Añade que cuando los hechos tienen que ver con el blanqueo «se deben hacer constar asimismo los hechos que fueron origen del dinero"; sin embargo, las autoridades suizas aseguran que están abiertas a colaborar si se aporta toda esta información.
PUJOL PIDE PARAR LAS COMISIONES ROGATORIAS
Tras el rechazo de Andorra a la comisión rogatoria, el abogado de Pujol, Cristóbal Martell, ha pedido al juzgado de Barcelona que desista «en la tramitación de la colaboración judicial internacional iniciada por imposibilidad de cumplimiento de los parámetros legales exigidos por el Estado requerido».
En su escrito, recogido por Europa Press, el abogado critica también al juzgado de Barcelona por «presumir a partir de la existencia de unos fondos familiares el que estos deban traer causa de un ejercicio torcido y enriquecedor de la función pública, constituye una abstracta y genérica conjetura».