El Gobierno no emprenderá ninguna acción para conceder la nacionalidad española a los descendientes de los moriscos, que fueron expulsados de España en el siglo XVII, ni tampoco a los saharahuis cuyo territorio fue una colonia española hasta los años 70 del pasado siglo.
En una respuesta parlamentaria a una pregunta del diputado socialista, Antonio Hurtado, el Ejecutivo explica que «no tiene prevista ninguna iniciativa legislativa» en relación a ambos colectivos.
Previamente, Hurtado interpeló al Gobierno sobre si iba a dar el mismo trato a los moriscos y saharahuis que a los sefardíes -judíos de origen español descendientes de los expulsados en 1492- para la concesión de la nacionalidad española.
Hace dos meses, Izquierda Plural y ERC propusieron que el proyecto de ley para el reconocimiento de la nacionalidad española a los sefardíes, en tramitación parlamentaria, incluyera también a los saharauis y a los moriscos.
Según datos de ambos grupos parlamentarios, la ley afectaría a unos 3 o 3,5 millones de sefardíes, mientras los saharauis son «muchos menos» y los moriscos, que viven fundamentalmente en Marruecos, constituyen un «número muy pequeño».
Hace unos meses, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, señaló que el reconocimiento de la nacionalidad a los moriscos es «un problema técnico a discutir» que no puede resolverse «en un cuarto de hora», pero consideró importante «honrar la memoria de los moriscos» como parte de la herencia y tradición españolas.
Recientemente, el ministro de Justicia se comprometió a encontrar un «cauce» para reconocer la nacionalidad a los saharahuis, si bien precisó que la ley que otorgará la nacionalidad a los sefardíes no es «un cajón de sastre» en el que se puedan incluir a otros colectivos.