La Agencia Tributaria anunció ayer que reforzará este año las actuaciones de control para aflorar la actividad económica sumergida, mediante un Plan de Control Fiscal y Aduanero. Se trata de un paquete de medidas muy dispares con las que se busca perseguir las actividades no declaradas, que defraudan a la hacienda pública y generan competencia desleal, «perjudicando a empresas y particulares que sí cumplen correctamente con sus obligaciones tributarias».
Especial atención dedica al turismo y en concreto al alquiler vacacional ilegal. En este sentido, el plan detalla que «se realizarán actuaciones dirigidas al afloramiento de actividades y rentas ocultas», que afectará «entre otros colectivos, a particulares que ceden total o parcialmente viviendas por internet u otras vías, sin cumplir sus obligaciones fiscales».
Así se compromete a «rastrear el fraude que se produce en internet, mediante la captación y explotación de la información disponible en la red que permita descubrir actividades ocultas o bienes objeto de comercio ilícito». En este sentido, recuerda que dispone de una serie de herramientas informáticas, con las que puede «cruzar información de más de 200.000 dominios para su posterior incorporación a las bases de datos de la Administración Tributaria».
También -advierte la Agencia Tributaria- controlará las redes sociales para «analizar las operaciones comerciales entre agentes económicos», con el objetivo de «identificar patrones de comportamiento que se corresponden con actividades defraudadoras».
Una batalla que no solo se librará en la red, ya que el Ministerio de Hacienda también anuncia que se «seguirá reforzando las visitas presenciales para la detección de alquileres irregulares declarados».
En el punto de mira están miles de plazas turísticas que en Menorca se alquilan cada temporada al margen de la ley. Algunas de ellas se arriendan a través de contactos convencionales, mientras que otras lo hacen a través de internet, en páginas como Airbnb o Niumba, dos portales que en estos momentos ofertan alrededor de 2.000 viviendas de Menorca, lo que no quiere decir que todas ellas lo hagan de forma irregular.
Algunos cálculos procedentes del sector hotelero hablan de que en Menorca se comercializan unas 18.000 plazas turísticas irregulares, es decir algo más de un tercio de las 50.000 plazas legales existentes en la Isla.
PIME duda de que haya tantas plazas irregulares, y recuerda que muchas de ellas (acogiéndose a la Ley de Arrendamientos Urbanos) se ofertan sin incurrir en ninguna ilegalidad y declaran la actividad y los beneficios al fisco. Diferente es el caso de los arrendadores que alquilan sus viviendas en negro, en cuyo caso nadie duda que cometen una ilegalidad.
En este sentido, la Conselleria de Turismo del Govern aclara que en Balears «cualquier vivienda se puede alquilar por días, semanas o meses», de forma legal. Aunque eso sí, «unas tienen un marco legal que es la Ley de Turismo, donde sí ofrecen servicios turísticos», por lo que no se permite alquilar cualquier tipo de vivienda, mientras que «las otras están reguladas por la LAU».
La diferencia estriba básicamente en el canal de comercialización que se use en uno u otro caso. Si se trata de un canal turístico (como agencias de viajes, turoperación u otros agentes especializados en el sector turístico) debe regularse por la Ley Turística. El resto lo puede hacer con la LAU, aunque si usan los canales propios de la comercialización turística, serán consideradas oferta irregular.
Això està molt be. Que cerquin per Fornells que d'irregularitats n'hi ha ... de tot color.