BFA-Bankia y los que fueran sus máximos responsables, entre ellos su expresidente, Rodrigo Rato, han hecho ya efectiva la fianza de 34 millones que les impuso la Audiencia Nacional por su salida a bolsa dentro del plazo concedido por el tribunal, que finalizaba este jueves.
Las compañías aseguradoras que cubrieron la salida a bolsa de Bankia, Liberty International Underwriters (LIU) y Torus han consignado esta mañana los dos tercios de esa cifra, 22,7 millones de euros, correspondientes a la parte proporcional de Rato, José Manuel Fernández Norniella, José Luis Olivas y Francisco Verdú.
BFA-Bankia ha transferido 11,36 millones a la cuenta de consignaciones del Juzgado Central de Instrucción número 4, pues las aseguradoras sólo cubren las responsabilidades civiles de los exconsejeros por el debut bursátil.
Con ello, estos seis imputados ya han dado por cumplido el afianzamiento de sus responsabilidades civiles en el caso que instruye el juez Fernando Andreu, que inicialmente había cuantificado en 800 millones la cifra que debían asumir.
Pero en el caso de Rato, que ya afrontó 3 millones por el escándalo de las tarjetas opacas mediante un aval bancario, tiene aún pendiente reunir una tercera fianza de 18 millones para levantar el embargo sobre las cuentas que decretó el juez de Madrid que le investiga por cinco delitos fiscales, uno de blanqueo y otro de alzamiento de bienes.
A pesar de la drástica reducción de la cuantía, que quedó delimitada a lo que solicitaron los accionistas personados en el «caso Bankia», la Audiencia Nacional dejó la puerta abierta, no obstante, a que la cifra pudiera variar, teniendo en cuenta la «eventual» posibilidad de que sigan sumándose perjudicados al procedimiento.
De hecho, desde que se acordara esta medida cautelar han sido muchos los accionistas que se han ido incorporando a la causa, y solo el pasado lunes el magistrado aceptó la personación de casi 300, que se suman a los más de 4.000 que ya forman parte del caso.
La Sala justificó la imposición de esta medida ante los indicios de que Rato y los tres exconsejeros pudieron cometer un delito de estafa tipificado en el artículo 282 bis del Código Penal, castigado con hasta seis años de prisión.
Un delito que se centra «no tanto en la publicación de datos falsos, sino en el falseamiento de documentos que han de ser objeto de difusión» para allanar la salida a bolsa de Bankia.
El tribunal no ponía en duda que, como aseguraron los imputados, se pudieron haber seguido «las pautas marcadas por los órganos supervisores» o que «pudiera haber sido necesario que Bankia saliera a bolsa por una necesidad legal, así como que las cotizaciones de las acciones son contingentes al depender de negocios volátiles, y que hubiera además un interés máximo para el éxito de la operación».
Pero añadía que «hay un hecho que se desprende de los informes periciales de los inspectores del Banco de España que el tribunal tiene muy en cuenta», y es que los estados financieros con los que la entidad debutó en el parqué en julio de 2011 no mostraron «su imagen fiel».