Marta del Castillo desapareció el sábado 24 de enero de 2009 en Sevilla cuando tenía 17 años, y en este septenio los numerosos intentos de encontrar su cuerpo han sido infructuosos para la Policía sevillana, que ha cedido el caso a una nueva brigada de Madrid denominada de Análisis y Revisión de Casos.
Lo ocurrido con la menor sigue siendo una incógnita y el juez al que le correspondió esta causa aún mantiene una pieza separada para buscar los restos de Marta tras la condena de su asesino confeso, Miguel Carcaño, a 21 años y tres meses de prisión.
En los juzgados, en la Policía o en cualquier lugar de Sevilla, cuando alguien se refiere a este asesinato se limita a decir «el caso Marta», sin necesidad de pronunciar el apellido, y todo el mundo sabe a quién se refiere.
Para buscarla, Carcaño se sometió a un test de la verdad, el padre de la menor, Antonio del Castillo, ha ofrecido 18.000 euros al asesino confeso e incluso una vidente se ha mostrado dispuesta a ayudar.
La Policía ha hecho búsquedas, al menos, en el río Guadalquivir, en un basurero, en una finca del área metropolitana de Sevilla y en una escombrera, donde se localizaron unos huesos y la familia tuvo un hilo de esperanza que se desvaneció cuando se constató que esos restos tenían doscientos años de antigüedad.
Todas estas búsquedas han tenido una enorme repercusión en los medios de comunicación y han sido seguidas en directo por televisiones de ámbito nacional.
Carcaño, condenado también por un delito contra la integridad moral por el daño causado a la familia con las numerosas versiones que ha ofrecido de lo ocurrido, cumple su pena en Herrera de la Mancha (Ciudad Real).
El caso Marta sigue vivo, por tanto, en los juzgados, entre la Policía y en la memoria colectiva de los españoles, lo que se demuestra con la recogida de casi 1,4 millones de firmas solicitando la repetición del juicio.
El padre de Marta critica que de las cinco personas implicadas en el suceso solo fue condenada una, el asesino confeso, mientras que el entonces menor conocido como el Cuco fue condenado a dos años y once meses de internamiento en un centro de menores por encubrimiento, y el resto fueron absueltos y están «impunes».
La familia de la menor, que se ha entrevistado con los máximos dirigentes políticos españoles de los últimos siete años, ha sido decisiva para mantener vivo el caso, que se hizo famoso cuando estaba en plena vigencia la red social Tuenti, por la que cientos de miles de jóvenes compartieron información y promovieron la búsqueda del cuerpo.
El juez de instrucción 4 de Sevilla, Francisco de Asís Molina, ha sido objeto de críticas de la familia de Marta, que también reprocharon a la Justicia y a la Policía en general.
Una de las últimas iniciativas particulares de este caso se refiere a la entrega de casi 1,4 millones de firmas de ciudadanos que exigen la repetición del juicio.
Las firmas, recogidas a través de la página change.org, se entregarán el próximo 27 de enero en el Ministerio de Justicia, donde los promotores de esta iniciativa afirman que se entrevistarán con su titular en funciones, Rafael Catalá.
Este caso sirvió, junto a otros relativos a jóvenes asesinadas como Sandra Palo o Mari Luz Cortés, para que el Gobierno introdujera la prisión permanente revisable en el Código Penal.
La última información relacionada con este caso ocurrió el 8 de enero, cuando se celebró un juicio por el que fueron condenados los padres del Cuco y un supuesto confidente policial, que fue descalificado por la Policía, a una multa de 2.520 euros cada uno de ellos por quebrantar la orden de alejamiento de la familia de la menor asesinada.