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El fiscal atribuye a Pujol hijo organización criminal y pide quitarle el pasaporte

En su alegato, Bermejo ha añadido por primera vez otros dos delitos a los de blanqueo y delito fiscal que le imputa el juez: organización criminal y falsedad, según han informado a Efe fuentes jurídicas

Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente catalán, a su llegada este jueves a la Audiencia Nacional | Juan Carlos Hidalgo

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La Fiscalía Anticorrupción ha atribuido por primera vez a Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente catalán, el delito de pertenencia a organización criminal a la hora de pedir al juez José de la Mata que le retire el pasaporte por la naturaleza de los delitos que se le imputan.

Los fiscales Belén Suárez y Fernando Bermejo han hecho esta petición en una vistilla después de que el hijo mayor de los Pujol declarara durante tres horas y media a petición propia, apelando entre otras cosas a los delitos que se le atribuyen y al considerarla una medida «proporcional y necesaria».

En su alegato, Bermejo ha añadido por primera vez otros dos delitos a los de blanqueo y delito fiscal que le imputa el juez: organización criminal y falsedad, según han informado a Efe fuentes jurídicas.

El fiscal también ha argumentado que desde que hace tres años se inició la instrucción del caso se ha buscado el origen de su fortuna en Andorra y aún no se sabe de dónde procede, y a ello se suma que se han encontrado operaciones trasnacionales con países como Panamá o Reino Unido, a los que se pedirá información a través de comisiones rogatorias.

Durante la comparecencia, el fiscal ha hecho una sola pregunta al imputado, acerca de si le podía decir el nombre y apellidos de la persona que gestionaba sus cuentas en Crèdit Andorrà, pero Pujol Ferrusola se ha negado a contestarle, por lo que ha destacado luego al juez que no está colaborando a pesar de que él mismo pidió su comparecencia.

El juez decidirá esta tarde o mañana acerca de la retirada del pasaporte y también sobre la otra medida cautelar que ha pedido la Fiscalía, la prohibición de salir de España.

Jordi Pujol «Júnior» ya declaró en la Audiencia Nacional hace un año y medio para explicar otro aspecto de su imputación, los 11 millones de euros que cobró de empresarios que contrataban con la Generalitat, por lo que hoy no le han preguntado sobre el cobro de comisiones por su supuesta intermediación en esos negocios.

El propio Pujol Ferrusola pidió al juez volver a declarar voluntariamente e incluso hizo gestiones para entregar su pasaporte después de que UPyD -que hasta hace poco estaba personado como acusación particular- reclamara tanto su comparecencia como su ingreso en prisión, y, en su defecto, al menos la retirada del pasaporte.

En su declaración hoy, ha afirmado que su padre estaba al margen de la gestión de la fortuna familiar oculta en Andorra y ha mantenido la versión de que provenía de la herencia de su abuelo Florenci, quien falleció en 1980 y dejó a su nuera y sus nietos 140 millones de las antiguas pesetas.

Luego, a principios de los años 90, «Júnior» ha dicho que se dedicó a invertir ese dinero y consiguió aumentarlo hasta los 8 millones, aunque ha aclarado que su padre no estaba involucrado en esas gestiones. De esta manera, respalda la versión que el expresidente catalán dio ayer en su declaración ante el juez.

En esencia, según las fuentes consultadas, su declaración se ha ceñido a lo que ya dijo en marzo de 2015 ante la jueza de Barcelona que llevaba el caso y, un mes antes, en la comisión de investigación que abrió el Parlament catalán.

Al igual que en esas dos ocasiones, ha asegurado que invirtió el dinero del legado en «láminas financieras» y consiguió así multiplicarlo.

El juez, que ha llevado el peso del interrogatorio de tres horas y media, ha centrado sus preguntas en los documentos que Andorra le ha enviado sobre movimientos de dinero de la familia en el Principado.

Jordi Pujol hijo ha contestado a todas las preguntas, menos a las que se referían a movimientos a partir de 2007, ya que considera que desde ese año solo se le investiga por delito fiscal y no por blanqueo, y Andorra especificó que la información solo se puede usar si hay delitos de corrupción.

En esa documentación se constatan 31,8 millones de ingresos en efectivo de origen desconocido en sus cuentas en distintas divisas, que el imputado ha atribuido distintos movimientos relacionados con esas gestiones con «láminas financieras».

Su abogado, Cristóbal Martell, ha cerrado la comparecencia con una pregunta sobre si alguna vez recibió comisiones a cambio de favores políticos, a lo que ha respondido rotundamente que no.

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