El juez de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, no ha dictado este viernes nuevas medidas cautelares contra Rodrigo Rato, exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia, después de comparecer durante siete horas en los Juzgados de Plaza de Castilla por una pieza secreta por delitos económicos relacionados con irregularidades en su patrimonio.
Serrano-Arnal ha tomado declaración por tercera vez a Rodrigo Rato y también ha hecho lo mismo con el abogado y presunto testaferro del exdirector gerente del FMI, Domingo Plazas. La hermana de Rato, María de los Angeles, ha sido otra de las seis personas --dos de ellos como testigos-- que han declarado este viernes, y sobre las que no se han dictado medidas cautelares, han informado fuentes jurídicas.
Según el sumario del caso Rato, Rodrigo Rato y su hermana María de los Angeles controlan, junto con su cuñada Felicidad Salazar-Simpson (viuda de su hermano mayor), una sociedad naviera (Naviera del Pilar S.L.) que de forma opaca «muy probablemente se utilizó para canalizar, en el ejercicio 2007, fondos de los tres hermanos Rato-Figaredo por un importe conjunto de 1.320.000 euros».
Así consta en un informe del 11 de noviembre de 2015 de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente de la Agencia Tributaria, que fue remitido al juez Antonio Serrano-Arnal, al que pedían que requiriera las cuentas de la Naviera, que fue descapitalizada entre los años 2010 y 2013.
Rodrigo Rato ha permanecido este viernes en los Juzgados de Plaza de Castilla desde las 10.00 hasta las 17.15 horas, en una jornada que comenzó con un incidente cuando, a su llegada escoltado por dos personas, fue increpado por dos preferentistas de Bankia.
El pasado 7 de octubre, el juez ordenó que se le retirara el pasaporte a Rato tras tomarle declaración en relación con la investigación por la comisión de delitos fiscales, de corrupción entre particulares y de blanqueo de capitales.
Investigación
Serrano-Arnal investiga el patrimonio de Rato y se centra en tres líneas básicas que confluyen en la empresa Kradonara, de la que Rato es el beneficiario último a través de la sociedad británica Vivaway y que fue constituida por otro de los imputados, el abogado Domingo Plazas.
El Juzgado de Instrucción 31 de Madrid mantiene imputados a otra decena de personas en este procedimiento, entre los que se encuentran Alberto Portuondo --el único que fue enviado a prisión--, la que fuera secretaria de Rato, Teresa Arellano, y otro presunto testaferro, Miguel Angel Montero. También permanece investigado José Manuel Fernández Norniella, exsecretario de Estado de Hacienda y exconsejero de Bankia.