Un inspector de Educación de Barcelona ha denunciado este martes en el juicio por el 9N que la Generalitat «presionó» a directores de instituto para que cedieran los centros para la votación, ante lo que recomendó a las dos escuelas bajo su competencia que no entregaran las llaves sin una orden por escrito.
En el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se celebra este martes la segunda sesión del juicio al expresidente de la Generalitat Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau, con las primeras testificales, centradas en la apertura de colegios y en los encargos del Govern sobre las urnas y la logística de la consulta soberanista del año 2014 prohibida por el Tribunal Constitucional.
El primer testigo en comparecer ha sido el inspector de Educación Josep Rafael A.D., adscrito al área de Barcelona-Comarcas, que ha asegurado que la directora del instituto Pompeu Fabra de Badalona (Barcelona), Josefa B., se resistía a entregar las llaves del centro para la consulta ya que no recibía ninguna directriz por escrito.
Ante esta situación, según el testigo, la directora recibió «presiones», con llamadas de los responsables de Enseñanza para que les entregara las llaves.
Finalmente, esta directora acabó entregando las llaves en los días previos a la votación porque la Generalitat le remitió un recibo, sin firma y únicamente con un sello de los Servicios Territoriales de Enseñanza, en el que se le eximía de cualquier responsabilidad, aunque según el inspector no suponía ninguna garantía, por lo que le dijo: «Me parece que te han engañado».
El inspector también ha denunciado que, antes de la suspensión de la consulta por parte del Tribunal Constitucional -el 4 de noviembre-, la directora de los Servicios Territoriales de Enseñanza, Montserrat Llobet convocó dos reuniones con directores de institutos, donde se les «forzó» para que cedieran los centros para la votación, sin darles instrucciones por escrito.
El testigo ha explicado que envió un informe al inspector jefe, Francesc Guell para denunciar estas supuestas «irregularidades», si bien no recibió ningún tipo de respuesta.
Órdenes por escrito
A preguntas del fiscal Emilio Sánchez Ulled, el inspector ha señalado que la directora de Enseñanza de Barcelona-Comarcas había convocado por correo electrónico el 16 de octubre una reunión con directores de instituto para hablar de la jornada del 9N, en la que, detallaba, «algunos institutos serán sede».
Ante esta convocatoria, el inspector se reunió con los directores de los centros que estaban bajo su responsabilidad, el Pompeu Fabra y el Isaac Albéniz, ambos de Badalona, para que solicitaran órdenes por escrito.
Al día siguiente de la reunión, el inspector se reunión con la directora del Pompeu Fabra, que le explicó que algunos directores habían pedido en la reunión instrucciones por escrito y que la responsable de los servicios territoriales, Montserrat Llobet, se negó, alegando, según la responsable del centro de Badalona: «Si os lo digo yo, no necesitáis ninguna instrucción por escrito».
Según el inspector, se trató de una situación «irregular» ya que se «forzaba» a los directores de centros a hacer una cosa que «no estaba clara: ceder los locales sin saber muy bien cómo».
Posteriormente, después de que el Tribunal Constitucional suspendiera la consulta el 4 de noviembre, este inspector remitió un escrito a las dos directoras en las que, de forma taxativa, les advertía de que no podían permitir el uso del instituto para la votación si no recibían instrucciones concretas por escrito.
De los dos centros que llevaba este inspector, el Isaac Albéniz abrió sus puertas porque había voluntarios para hacerlo, mientras que la directora del Pompeu Fabra «se resistía un poco» a entregar las llaves, pese a que recibió «presiones», con llamadas de los responsables de los servicios territoriales, según el testigo.