Los portavoces de las asociaciones judiciales han dicho que la decisión de dejar en libertad provisional a Iñaki Urdangarin al haber recurrido la sentencia del caso Nóos que le condenó a seis años y tres meses de cárcel no supone hacer una excepción con el marido de la infanta Cristina.
En declaraciones a Efe se han pronunciado sobre la decisión de la Audiencia Provincial de Palma de mantener en libertad provisional a Iñaki Urdangarin con obligación de comparecer el día 1 de cada mes ante la autoridad judicial en su país de residencia, Suiza, tras su condena en el caso Nóos, que ya ha anunciado que va a recurrir ante el Tribunal Supremo y que por lo tanto no es firme.
El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria en la carrera judicial, Celso Rodríguez Padrón, ha señalado que la decisión de la Audiencia de Palma ha de ser respetada y entiende que la Sala habrá ponderado y tenido en cuenta el riesgo de fuga que puede existir para adoptar esta medida alternativa de control mientras la sentencia no sea firme.
Rodríguez Padrón ha insistido en que lo fundamental es que la Sala trate de garantizar que el condenado está a disposición de la justicia española atendiendo a sus circunstancias personales y familiares.
Ha recordado que en España se dictan sentencias condenatorias que no suponen el ingreso en prisión inmediato si son recurridas ante un órgano superior y se estima que no hay riesgo de fuga, con lo que ha aclarado que con Urdangarin no se ha hecho una excepción en este sentido.
Por su parte, el portavoz de Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega, ha recordado que la prisión provisional no es una pena anticipada y que debe garantizarse la sujeción del condenado al tribunal.
No obstante, estima que la Sala debe explicar bien por qué Urdangarin puede cumplir su obligación de comparecer ante la autoridad judicial en Suiza mientras que a su exsocio Diego Torres se le prohíbe salir de España.
La Audiencia de Palma ha decidido también mantener en libertad provisional a Diego Torres, a quien le ha retirado el pasaporte y le ha prohibido salir de España después de que haya anunciado que recurrirá ante el Tribunal Supremo su condena de ocho años y seis meses de prisión. Tanto en este caso como en el de Urdangarin, la condena es por varios delitos de corrupción y fraude fiscal.
El portavoz de la asociación de jueces Francisco de Vitoria, Raimundo Prado, ha señalado que hay que acatar y respetar la decisión del tribunal y ha coincidido en que no es una situación excepcional, ya que la sentencia aún no es firme.
Para Prado, el problema es que por la escasez de jueces transcurre mucho tiempo hasta que la sentencia es firme y a veces se producen circunstancias chocantes; por ejemplo, con ingresos en prisión de personas que ya están rehabilitadas.
Además, ha aprovechado para reclamar peritos adscritos a los juzgados para lograr una mayor celeridad en las causas, sobre todo las más complejas, como la del caso Nóos, en las que hay que analizar muchos documentos contables.
Por su parte, la portavoz de Foro Judicial Independiente, Concepción Rodríguez González del Real, ha pedido máximo respeto a esta decisión y ha recordado que para restringir un derecho fundamental como la libertad cuando la sentencia no es firme hay que tener en cuenta una serie de circunstancias como el riesgo de fuga.
En este sentido ha recordado que no se produjo ninguna incidencia al respecto ni durante la instrucción de la causa ni a lo largo del juicio.
Desde la carrera fiscal, Concepción Talón, presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria en la institución, ha preferido esperar a leer el contenido de la decisión, que de todas formas «entra dentro de la normalidad».
No se ha atrevido a comentar las razones que han llevado al tribunal a no aceptar la petición del fiscal de prisión eludible con fianza, pero ha subrayado que este caso es «uno más» y no una excepción, a la vez que ha reconocido la reacción negativa que puede causar en la opinión pública.
El presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Álvaro García Ortiz, no ha querido opinar sobre la decisión y se ha limitado a señalar que la petición del fiscal de que se impusiera a Urdangarin una prisión eludible con fianza de 200.000 euros era «conforme a derecho», y la resolución judicial también.
Mientras, el portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Miguel Pallarés, ha expresado su máximo respecto por la resolución judicial y, al igual que Talón, ha dicho que entiende lo que puede pensar la opinión pública.
Pallarés ha añadido que el fiscal pidió lo que consideró que correspondía y ha considerado que el tribunal habrá tomado la decisión escuchando a todas las partes.
«Es totalmente legal», ha indicado antes de asegurar que el riesgo de fuga de Urdangarín quedó «minimizado» y que había tanto argumentos a favor como en contra del ingreso en prisión. «Las dos cosas son legítimas», ha apostillado.