El Tribunal Constitucional ha anulado del decreto aprobado por el Gobierno en 2012 que dio lugar a la llamada amnistía fiscal promovida por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, una decisión que no afectará a las regularizaciones firmes que se hicieron a su amparo.
En la sentencia, el Constitucional estima el recurso de inconstitucionalidad presentado por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso contra la regularización fiscal promovida por el Gobierno para aflorar rentas ocultas.
El fallo del TC declara inconstitucional y anula la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, que recoge la posibilidad de declarar dinero oculto con la única tributación del 10 %, sin que se impongan sanciones, intereses ni recargos.
El decreto inconstitucional, aparte de chapuza para aliviar "chorizos" , políticos, banqueros, etc. fue promulgado no en interés general, fue todo un acto de prevaricación y sobre sus impulsores debe caer todo el peso de la ley, si esta existe.