El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena notificará este lunes a los ocho exconsellers y a los líderes de ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, su decisión sobre si les mantiene en prisión o acuerda ponerles en libertad, como así han solicitado todos los investigados contra el criterio de la Fiscalía.
Los exconsellers y los líderes de las organizaciones independentistas catalanas comparecieron el pasado viernes ante el magistrado del alto tribunal, a petición propia, para ratificar sus escritos en los que pedían su puesta en libertad provisional.
Se trata del exvicepresident Oriol Junqueras, los exconsellers Raúl Romeva, Carles Mundó, Dolores Bassa, Joaquin Forn, Meritxell Borrás, Jordi Rull, Josep Turull y los líderes independentistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.
Y aunque cabía la posibilidad de que el juez resolviera la situación procesal de todos los investigados, finalmente optó por no hacer pública su decisión hasta primera hora del lunes, cuando les comunicará si les mantiene en prisión incondicional o, en cambio, les exige el pago de una fianza para abandonar la cárcel, tal y como decretó para la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.
El tercer escenario posible implica la libertad provisional con medidas cautelares como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y las comparecencias ante el juzgado.
Los exconsellers y los líderes de ANC y Òmnium confían en su puesta en libertad toda vez que el pasado viernes se acogieron a la llamada «vía Forcadell» con el argumento de que acatan el 155 de la Constitución.
En concreto, todos los investigados acataron ante el juez la Carta Magna y la legalidad vigente, así como la aplicación del artículo 155, con el que sin embargo no se mostraron de acuerdo, y se comprometieron a actuar por el cauce legal a partir de ahora.
No obstante, la Fiscalía y la acusación popular que ejerce VOX solicitaron al magistrado que mantenga la prisión preventiva como media cautelar para todos ellos.
La exfiscal general del Estado Consuelo Madrigal y el fiscal de Sala Jaime Moreno, encargados de la causa, entienden que no se dan las circunstancias para salir de prisión «ante la gravedad de los hechos investigados» y porque consideran que en estos momentos persisten los riesgos de fuga, destrucción de pruebas y de reiteración delictiva.
En concreto, la Fiscalía señala que «el riesgo de fuga debe calibrarse teniendo en cuenta la gravedad y extensión de las penas que pudieran ser impuestas» y la actual situación del expresident Carles Puigdemont y de los exconsellers que, «siguiendo un plan preconcebido, se encuentran en Bruselas, prófugos de la Justicia».
Tampoco ve cambios ante una posible destrucción de pruebas y pone como ejemplo «ilustrativo» la intervención de la Policía el pasado octubre cuando impidieron que los Mossos d'Esquadra destruyeran documentos en una incineradora de Sant Adrià de Besòs (Barcelona).
Y en cuanto a la reiteración delictiva, la Fiscalía subraya que «la fórmula de acatamiento del 155 no ha implicado el reconocimiento de ningún cambio» y añade que «en las expresiones referidas a la Constitución como amplia y flexible no se ha podido inferir un atisbo de sometimiento a la legalidad vigente».
Junqueras y los siete exconsellers permanecen en prisión desde el 2 de noviembre por supuestos delitos de sedición, rebelión y malversación de fondos públicos en relación con el proceso independentista en Cataluña, mientras que Sánchez y Cuixart llevan algo más en la cárcel, desde el pasado 16 de octubre.
El magistrado del Supremo instruye el sumario abierto por el 'procés' hacia la declaración de independencia, tras asumir el pasado 24 de noviembre la investigación abierta en la Audiencia Nacional contra Carles Puigdemont, los 13 exconsellers del Govern cesado y los líderes de ANC y Òmnium.
La juez de la Audiencia Carmen Lamela le envió esa parte del sumario abierto en su juzgado. Llarena la asumió y la integró en el que también investiga a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a otros miembros de la Mesa, por hechos conexos.