El periodista y productor Toni Soler se ha preguntado este viernes si se considera delito de odio «querer que un trailer atropelle a los miembros del Supremo» después de que el alto tribunal haya acordado mantener la medida de prisión provisional que pesa sobre el exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña y líder de ERC, Oriol Junqueras.
«¿Querer que un tráiler atropelle sucesivamente a todos los miembros del Supremo es delito de odio?», se ha preguntado el periodista y presentador en TV3 tras conocer la decisión del alto tribunal al no creer que Junqueras vaya a abandonar la vía unilateral.
Este comentario ha generado una cascada de reacciones en la red social Twitter en la que ha sido publicado, tanto jaleando su actitud como censurando la misma.
No es la primera vez que el presentador de TV3 es cuestionado por sus duros comentarios relativos al proceso secesionista en Cataluña, con críticas hacia líderes como Inés Arrimadas, de Ciudadanos, y una férrea defensa de los exmiembros del Govern encarcelados, a los que considera «presos políticos».
Toni Soler es el creador de la productora Minoría absoluta, dirigida por Paco Escribano, responsable de programas de sátira y humor como 'Polònia' y 'Crackòvia'.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado mantener la medida de prisión provisional para Junqueras por delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos relacionados con el 'procés' que derivó en la Declaración Unilateral de Independencia de Cataluña (DIU).
El alto tribunal cree que existe un «riesgo relevante» de reiteración delictiva al no existir ningún dato que permita entender que el recurrente tiene la intención de abandonar la vía unilateral seguida hasta ahora, y no le basta con su invocación a la 'bilateralidad'.
«No existe en la actualidad ningún dato que permita entender que la intención del recurrente sea prescindir de la posibilidad de ocupar el mismo o similar lugar político al que le permitió, por el poder político del que disponía, ejecutar los actos delictivos que se le imputan», precisan los tres magistrados en su resolución. No se trata de impedir que defienda su proyecto político, dice el Supremo, «sino de evitar que lo haga de la misma forma en la que lo ha hecho hasta ahora».