El portavoz de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo (UPIT), Fermín Yébenes, ha pedido hoy en el Senado «soluciones lesgislativas» a la reforma del Estatuto de los Trabajadores que prioriza los convenios de empresa, frente a los convenios colectivos del sector.
En concreto, el inspector portavoz se ha referido al artículo 83.2 que permite «el descuelgue salarial» mediante acuerdos interprofesionales, así como el artículo 84.2 del Estatuto de los Trabajadores, que da prioridad a los convenios de empresa frente a los convenios del sector, lo que a su juicio, ha perjudicado a las camareras de piso y a otros sectores.
«No somos la solución, intentamos garantizar la seguridad de los trabajadores, pero jamás había visto tanta indignidad como con las camareras de piso, a excepción de los accidentes formales», ha declarado Yébenes durante su intervención en la Comisión de Empleo de la Cámara Alta. Además, ha advertido de que esta problemática se extiende a otros sectores como los vigilantes de seguridad o del sector de logística.
Si bien, ha valorado positivamente la actuación del presidente del Gobierno, que recibió a las 'kellys' recientemente, Yébenes cree que se debe dar prioridad aplicativa a los convenios del sector y ha recordado que las camareras de piso ejercen el «único oficio del hotel del que no se puede prescindir».
Situación precaria desde 2012
Respecto a sus actuaciones inspectoras, el inspector ha relatado cómo hay 'kellys' que cobran 1,90 euros por hora, de acuerdo a su convenio de empresa, frente a 9,80 euros por hora que tiene el convenio del sector de hostelería en Sevilla. Estos problemas «salariales y de medición de la jornada» vienen dándose desde 2012, ha asegurado.
Asimismo, la UPIT ha desvelado algunas problemáticas de ciertas empresas multiservicios que usan contratos de «formación» fraudulentos, así como convenios de empresa sin suficiente representación y el abuso del salario mínimo interprofesional, que a pesar de ser «el suelo de contratación por debajo del cual es indigno trabajar», supone el salario establecido para dos millones de trabajadores.
Yébenes ha insistido en que la legislación actual está propiciando la competencia desleal, ya que se compiten empresas legales con aquellas que cometen irregularidades con contratos «en fraude de ley». Por ello, ha abogado por incrementar la cuantía de las sanciones para que sean «realmente disuasorias» tal y como se hizo con las faltas de alta.
Por último, en cuanto al Plan Estratégico, publicado este jueves, el portavoz de la UPIT, que ha lamentado que no se solicitara el consejo de inspectores de Empleo, lo ha considerado «insuficiente» ya que debería estar «más centrado en las modificaciones legislativas».