Más de 750 magistrados españoles han presentado una queja ante el Consejo Consultivo de Jueces Europeos para comunicarles una «gravísima amenaza» contra la independencia judicial, en referencia a lo que consideran un «linchamiento público, con la complicidad y el aliento de políticos», contra el tribunal que ha dictado la sentencia del caso de La Manada.
Los magistrados denuncian que se ha desatado una «presión social» contra este tribunal de la Audiencia Provincial de Navarra, y todo ello sin que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya contestado eficazmente a las amenazas contra la separación de poderes.
«Nos encontramos completamente desprotegidos ante las interferencias del Ejecutivo y del Poder Legislativo», reza la nota remitida al órgano europeo, en la que piden que éste se pronuncie sobre si la reacción del Gobierno de España contra la sentencia supone un «ataque a la independencia y la legitimidad del Poder Judicial».
Agravamiento
Esta protesta parte de una primera queja que fue remitida por 350 magistrados a través de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial a principios de mayo, pero en el tiempo transcurrido se han ido adhiriendo otros hasta sumar más de 750 apoyos. Al no haber recibido respuesta desde la primera nota, los denunciantes han interpuesto una ampliatoria, «puesto que la situación persiste e incluso agravada por nuevos titulares de prensa».
Los magistrados denuncian que, dado que la sentencia de La Manada «no se ha ajustado a las previas expectativas de algunos grupos de opinión», se ha desatado una «presión social» contra el tribunal, alentado por «políticos que ven una oportunidad para mejorar sus réditos electorales».
La queja, que lleva adjunta la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra, explica al Consejo Consultivo de Jueces Europeos que el tribunal que dictó la resolución es «muy experimentado» y que creyó «la versión de la víctima», si bien uno de los magistrados formuló un voto particular defendiendo la absolución.
Ante esta situación, los más de 750 jueces firmantes lamentan que «la reacción fue inmediata» y a continuación pasan a recordar los comentarios de Twitter que publicaron los líderes del PSOE y Podemos, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, respectivamente, criticando el fallo. «Numerosos líderes políticos de ámbito estatal, autonómico y local se unieron a las críticas en similares términos», añaden.
También mencionan las diferentes iniciativas que se pusieron en marcha en internet en las que se pedía la inhabilitación de los tres jueces del tribunal así como las numerosas concentraciones que se celebraron en diferentes lugares de España para protestar por la condena por abuso sexual a los miembros de La Manada.
«Asimismo, se pegaron pasquines y se envió por el sistema de mensajería telefónica Whatsapp y otras redes sociales una comunicación con la fotografía y el nombre y primer apellido del magistrado discrepante al que se le tildaba de 'escoria humana' y se invitaba al receptor del mensaje a difundir su cara para que todo el mundo supiera quién era», subrayan los firmantes de la protesta.
Es más, la queja también hace mención a las palabras que el exministro de Justicia Rafael Catalá, cuando afirmó que el CGPJ «debía revisar el voto particular» que el magistrado del voto particular, de quien dijo además que tenía un problema «singular» y que «todos lo sabían».
Para los más de 750 magistrados, la libertad de expresión que se invoca al emitir estas críticas es «incuestionable» y los jueces españoles están «acostumbrados». Sin embargo, consideran que «el derecho a criticar las resoluciones judiciales tiene unos límites», los cuales «se han trasgredido en el momento en el que se insulta a los magistrados integrantes del tribunal y se les ataca personalmente poniendo en duda su capacitación profesional».
Los firmantes creen que el movimiento en redes sociales contra la sentencia «denota una estructura planeada y articulada» que podría estar «alentada por activistas próximos a formaciones políticas», pero opinan que «lo más grave» son las declaraciones de Catalá «poniendo en cuestión la capacitación del juez discrepante y sembrando la duda sobre la eficacia de la vigilancia del CGPJ sobre la salud mental y preparación de los jueces y magistrados». Declaraciones que, según apuntan, fueron «alentadas» por la exportavoz del Grupo Socialista en el Congreso y actual ministra de Defensa, Margarita Robles.
A su juicio, «toda esta reacción en su conjunto tiene la fuerza e intensidad suficientes para influir y condicionar el ánimo de los jueces a la hora de decidir en lo sucesivo en asuntos semejantes y, en particular, en el TSJ Navarra en apelación y en el Supremo en casación cuando deban revisar la citada condena».
«La utilización política de una decisión judicial es siempre inadmisible pero, que los líderes políticos se presten a criticar una sentencia antes de haber tenido tiempo de leerla (son unos 300 folios) y que en general lo hagan, no con la pretensión de rebatir racionalmente su contenido, sino con la de imponer un relato popular de los hechos basado en el conocimiento fragmentario, mínimo y mediato (cuando no, tendencioso) de los elementos de convicción, rebasa la frivolidad y entra de lleno en la deslealtad institucional, por cuanto invita al ciudadano a cuestionar a todos los jueces y, relativizando el Estado de Derecho, reemplazar sus recursos por una pseudojusticia extrapocesal sin las garantías propias de un Estado democrático», denuncian.
Por otro lado, la queja ante el Consejo Consultivo de Jueces Europeos también destaca los «graves errores que el CGPJ ha cometido en la protección de la independencia de los jueces», ya que consideran «insuficientes» las medidas tomadas. «No obstante, es difícil pretender que el CGPJ elegido por el parlamento defienda a los jueces frente a los ataques de algunos destacados parlamentarios y miembros del ejecutivo», apunta.
Ante esta situación, los más de 750 magistrados afirman sentirse «completamente desprotegidos ante las interferencias del Ejecutivo y del Poder Legislativo en la función judicial», de modo que solicitan la cooperación del Consejo Consultivo de Jueces Europeos para «ayudar al Estado español a cumplir las normas del Consejo de Europa respecto de los jueces» y que «declare la existencia en España de un ataque contra la independencia y contra la legitimidad del Poder Judicial».