El Gobierno ha rebajado su previsión de crecimiento económico para el próximo año hasta el 2,3 %, aunque confía en que este avance, unido a las nuevas figuras fiscales, permita financiar las medidas de gasto anunciadas y cumplir con la meta de déficit comunicada a Bruselas, el 1,8 % del producto interior bruto (PIB) en 2019.
El Consejo de Ministros ha abordado este lunes, en sesión extraordinaria, el borrador de plan presupuestario para el próximo año que a lo largo del día se remitirá a Bruselas, así como una actualización del cuadro macroeconómico.
El Gobierno ha rebajado una décima su previsión de crecimiento para 2018 y para 2019, hasta el 2,6 % y 2,3 %, respectivamente, ante el ajuste del sector exterior, que restará una décima al crecimiento este año y no aportará nada al de 2019.
Las peores perspectivas de las exportaciones irán acompañadas de una moderación de las importaciones, mientras que mejoran las previsiones de demanda nacional, impulsada por las inversiones.
La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha explicado que el Gobierno prevé situar la deuda pública en el 95,5 % del PIB al cierre de 2019, casi tres puntos por debajo del 98,3 % con el que se terminó 2017.
Las líneas generales de Presupuestos que el Gobierno remitirá hoy a Bruselas contemplan un límite de gasto no financiero o techo de gasto para el próximo año de 125.064 millones de euros, un 4,4 % superior al de este año.
Este techo de gasto es el mismo que se aprobó el pasado verano y supone un incremento de 5.230 millones de euros que, según ha explicado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, deriva más de compromisos del PP (3.238 millones), como la subida salarial de los funcionarios, que de nuevas iniciativas de este Ejecutivo (1.992 millones).
Para financiarlos, Hacienda espera que los ingresos de los Presupuestos se incrementen en 11.724 millones, como resultado del propio ciclo económico (6.413 millones), nuevas figuras impositivas (3.811 millones) e ingresos no tributarios (1.500 millones).
En la documentación que se remitirá a la Comisión Europea (CE), el Gobierno baraja un déficit público del 1,8 % del PIB en 2019, que es la senda negociada con Bruselas, pese a que no está aprobada en Cortes, al considerar que es «realista» y corrige los errores de las cuentas de 2018.
Montero ha indicado que cuando se presente el proyecto presupuestario, a finales de noviembre o principios de diciembre, se contemplará la senda de déficit que esté vigente en ese momento, que previsiblemente será la del PP ante la dificultad de aprobar la nueva senda mientras no se cambie la Ley de Estabilidad.
En cualquier caso, ha subrayado que el techo de gasto será el mismo, ya que el déficit del Estado sólo se vería afectado en una décima del PIB entre una senda u otra, y ha confiado en que la nueva senda esté aprobada a finales de 2019, que es cuando Bruselas evaluará el cumplimiento de los objetivos.
El borrador presupuestario estima que las medidas fiscales que baraja el Gobierno supondrán ingresos adicionales por 5.678 millones de euros a nivel global y por 4.489 millones en los presupuestos, principalmente por la modificación del impuesto de sociedades y la puesta en marcha de un impuesto a determinados servicios digitales.
Las medidas de gasto tendrán un impacto global de 5.098 millones -principalmente por la revalorización de las pensiones con el índice de precios de consumo (IPC), el incremento de la financiación de becas y la mejora de la dotación para dependencia-, de los que 1.992 millones corresponderán al Presupuesto.
Los ingresos estimados para el conjunto de las Administraciones Públicas el próximo ascienden a 493.329 millones y los gastos, a 515.552 millones.
Ahora, el Gobierno iniciará los contactos con los grupos políticos con el objetivo de recabar apoyos para sacar adelante los Presupuestos, unas negociaciones que comenzarán con el PNV, según ha explicado Montero, y que requerirán del «visto bueno» de Unidos Podemos si afectan al acuerdo alcanzado con este partido.