La Abogacía del Estado, dependiente del Gobierno, pide 12 años de cárcel para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras; 11 años y medio para 5 exconsellers; 10 años para Carme Forcadell; y 8 años para los Jordis, todos acusados de un delito de sedición en un gesto en el que se desmarca de la Fiscalía.
A diferencia del ministerio público, la Abogacía considera que los hechos no pueden ser calificados de rebelión al no haberse producido la violencia necesaria para lograr la independencia de Cataluña.
Aún así, en su escrito de conclusiones provisionales, entregado hoy en el Tribunal Supremo, solicita las penas más altas para Junqueras y los cinco exconsellers que se encuentran en prisión dado su estatus de «autoridad» al haber «inducido, sostenido y dirigido la sedición desde su condición de miembros del Gobierno» catalán.
Unas condenas que, sin embargo, difieren en gran medida a las solicitadas por la Fiscalía, 25 años en el caso de Junqueras y 16 años en el de los exmiembros del Gobierno.
La Abogacía les atribuye sendos delitos de sedición y malversación y pide para ellos los mismos años de cárcel que de inhabilitación absoluta.
Para el resto de exmiembros del Govern que se encuentran a disposición de la Justicia (Meritxell Borrás, Carles Mundó y Santiago Vila) la Abogacía pide 7 años de prisión y 10 de inhabilitación absoluta.
Todos ellos constituirían un primer grupo de responsabilidad en los hechos debido a que jugaron «el papel de adoptar las decisiones ejecutivas necesarias para realizar» el referéndum del 1-O.
Un escalón más abajo estarían el exlíder de ANC Jordi Sànchez y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
Aunque considera que los Jordis fueron responsables de un delito de sedición, no les atribuye el estatus de autoridad que sí tenían los entonces miembros del Govern ahora encarcelados, y por eso pide 8 años de cárcel y otros tantos de inhabilitación.
Su papel, según el escrito, habría sido el de liderar la movilización social «como medio para la consecución de los fines relativos al incumplimiento de la legalidad y la desobediencia a las resoluciones administrativas y judiciales» que exige el delito de sedición.
El tercer núcleo de esta actuación presuntamente delictiva, dice la Abogacía, estuvo formado por los antiguos cargos del Parlament, encabezados por Carme Forcadell, para quien pide 10 años de prisión y los mismos de inhabilitación por sedición puesto que, como los antiguos miembros del Govern, tenía condición de autoridad.
Por debajo estarían los entonces miembros de la Mesa Lluis Corominas, Lluis Guinó, Anná Simó y Ramona Barrufet, que se enfrentan a una petición de multa de 30.000 euros e inhabilitación especial para cargo público de un año y ocho meses por desobediencia grave.
El mismo delito que achaca a Joan Josep Nuet y a la expresidenta del grupo parlamentario de la CUP Mireia Boya, para quienes las condenas reclamadas se reducen a 24.000 euros de multa y un año y cuatro meses de inhabilitación.
Los entonces miembros de la Mesa, a juicio de la Abogacía, «debían haber inadmitido a trámite y paralizado todas las propuestas contrarias al orden constitucional» y, a pesar de «las múltiples advertencias» del TC para que no tramitasen las denominadas «leyes de desconexión», «votaron sistemáticamente a favor de su admisión».